El Parlament de Cataluña ha aprobado definitivamente este miércoles llevar al Congreso de los Diputados la propuesta de reforma de la ley de la eutanasia para reducir el tiempo que puede alargarse el proceso para acceder a una muerte digna debido a los recursos judiciales. En concreto, el texto establece que tan solo se pueda recurrir ante el tribunal de justicia competente en cada territorio y que el plazo máximo para su resolución sea de 20 días. La Cámara catalana ha dado luz verde a la proposición para modificar algunas de las normativas procesales aplicadas hasta ahora con los votos a favor de PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana al rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.
La proposición de ley presentada el pasado mes de febrero por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP limita la presentación del recurso contra las resoluciones emitidas por las Comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia a una única instancia, que en el caso del territorio catalán es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). De aprobarse la iniciativa en el Congreso, la decisión tomada por dicho órgano será tan solo recurrible ante el Tribunal Constitucional (TC).
De esta manera, se evitará que se repitan situaciones como la vivida por Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que el pasado mes de marzo recibió la eutanasia después de 601 días de espera debido a los múltiples recursos judiciales presentados por su padre con el asesoramiento legal de Abogados Cristianos. De hecho, el caso pasó por varias instancias, entre ellas el Constitucional y el Supremo, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual rechazó las medidas cautelares solicitadas, avalando la decisión de Noelia como habían hecho los demás órganos judiciales.
Con el resultado favorable de la votación de este miércoles, la propuesta ya puede ser remitida a la Mesa del Congreso tras dos meses de su presentación en el Parlament. Fue el 7 de abril cuando fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara Catalana, hace menos de un mes. La agilidad en la aprobación de la proposición de ley ha sido posible gracias a haberse tramitado vía lectura única.
Una iniciatica pra respetar la voluntad de las personas y el espíritu de la ley de la eutanasia
En el debate de la proposición, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PSC, Sara Jaurrieta, ha destacado que la iniciativa ha llegado al Parlament de la mano de cinco de los ocho partidos con representación en la Cámara catalana y que no solo se han puesto de acuerdo entre ellos, sino que además han presentado las mismas modificaciones legislativas. Asimismo, ha señalado que con los recursos a las decisiones de las Comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia se está “menospreciando la voluntad individual de las personas regulada por la ley”.
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha indicado que la iniciativa permite mejorar la ley de la eutanasia de 2021, remarcando que “la realidad y la experiencia jurídica” demuestran que los recursos judiciales previstos en la ley de la eutanasia de 2021 “representan un plazo muy largo y duro y, por lo tanto, acaban yendo en contra del espíritu de la ley”. “Lo que hace es dar un sufrimiento añadido a los afectados y a sus familias”, ha manifestado
Desde ERC, el diputado Juli Fernández ha apuntado que la propuesta de ley “lo que hace es modificar los mecanismos administrativos para acotar el tiempo de dilación”. Igualmente, ha subrayado que la muerte asistida ya existía antes de su regulación, pero “de una manera poco digna y muy dolorosa”, y ha afirmado que ahora se puede hacer con mayor dignidad, aunque de manera mejorable.
La oposición de PP y Vox
En cuanto a la oposición a la proposición de ley, la diputada del PP Belén Pajares ha acusado a la propuesta de afectar “a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral”. Igualmente, ha criticado que se limite la posibilidad de revisión por parte del Tribunal Supremo y que “la decisión de los tribunales de justicia correspondientes será la definitiva”.
En el caso de Vox, la diputada María Elisa García Fuster ha sostenido que en su partido creen que la dignidad de la vida “no depende de su utilidad, ni de su salud, ni de la opinión de una mayoría parlamentaria”. De la misma manera, ha calificado la eutanasia de “suicidio asistido” y ha declarado que la ley que la regula es una normalización de “la eliminación de quienes sufren”.
Críticas a las enmiendas a la totalidad de PP y Vox: “No vienen a hablar de derechos, vienen a imponer su dogma”
Las críticas y acusaciones de falta de garantías de PP y Vox han sido rebatidas por la diputada de los Comuns Núria Lozano, que ha asegurado que, con sus enmiendas a la totalidad, ambos partidos de derechas “no vienen a hablar de derechos, vienen a imponer su dogma a toda la sociedad”. De la misma manera, ha defendido que “la eutanasia es la prestación sanitaria con más controles de todo el sistema”, recordando que la persona que la recibe “ha pasado por el médico responsable, el consultor y una comisión independiente”.
Por parte de la CUP, Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario, ha apuntado que “por mucho que quieran criticarla, esta proposición no crea un nuevo derecho; lo que hace es corregir un problema concreto que se ha detectado en su aplicación”. En este sentido, ha manifestado que los retrasos judiciales que “se pueden alargar durante meses o más de un año” provocan “sufrimiento y una situación que se degrada con el tiempo”.
La diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana también ha sido crítica con “el bloqueo que han intentado imponer el Partido Popular y Vox” a través de enmiendas a la totalidad, subrayando que la ley “no va en contra de nadie ni de ningún colectivo”, sino que “es un derecho fundamental para decidir cómo y cuándo se quiere poner fin al sufrimiento”. “Mientras ustedes hablan de procedimientos, hay gente que agoniza. Mientras ustedes juegan a alargar términos, hay personas atrapadas en un dolor insoportable”, les ha señalado.