En junio de 2024, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciaba la extinción de los pisos turísticos en la ciudad a partir de 2028, una medida con la que se calcula que alrededor de 10.000 inmuebles podrían regresar al mercado habitacional en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos y preocupaciones de la sociedad. La capital catalana se convertía en pionera al ser la primera localidad española en presentar esta medida. Sin embargo, la ciudad condal no solo ha sido precursora en la eliminación de este tipo de alojamientos, también lo fue con la puesta en marcha en 2017 de un plan para combatir los pisos que operan como vacacionales de manera ilegal. El resultado: desde entonces el Ayuntamiento ha recuperado 6.644 viviendas, la mayoría de las cuales, según el Consistorio, tienen actualmente una función residencial.
La estrategia para reforzar el control a este tipo de pisos forma parte del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) para su regulación, presentado en 2017 por la entonces alcaldesa Ada Colau, y actualmente el Gobierno municipal continúa desplegándolo con una inversión de 2,5 millones de euros al año. Hasta 2025, esta iniciativa ya ha logrado que se hayan impuesto 18.604 órdenes de cese de actividad y 16.202 expedientes sancionadores a pisos vacacionales que no contaban con licencia para funcionar como tal.
Como se explica desde el Ayuntamiento de Barcelona a ElPlural.cat, es la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), formada por equipos de profesionales del Consistorio, la cual se encarga de controlar el correcto cumplimiento de la normativa por parte de los inmuebles turísticos y lo hace a través de “un sistema informático que lo que hace es asegurarse de que los pisos legales cumplen con la normativa y sancionar los ilegales”. En concreto, esta herramienta digital analiza los millares de anuncios de alojamientos vacacionales que se pueden encontrar en Internet.
Dicho sistema informático no solo comprueba que en los anuncios conste si la vivienda cuenta con licencia, también es capaz de revisar las fechas en las que se puede alquilar y el tipo de oferta. Observada una posible infracción por parte del instrumento digital, pasa a ser el turno de los técnicos que trabajan en la DSI, quienes realizan la labor de entrar a cada uno de los anuncios en los que se ha detectado una infracción para, en caso de que no se indique la ubicación, intentar encontrar cualquier detalle, desde una fotografía hasta un comentario, que ofrezca alguna pista de la localización exacta del piso, necesaria para poder abrir un expediente.
Barcelona realizó en 2025 un 430.80% más de inspecciones a pisos turísticos que Madrid
El control de las infracciones de pisos turísticos es claramente más intenso en Barcelona que en otras ciudades españolas como Madrid. Desde el inicio del actual mandato hasta finales de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona realizó un total de 18.856 inspecciones a posibles inmuebles vacacionales irregulares, de las cuales 8.100 se llevaron a cabo en 2025, como informó el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, el pasado mes de diciembre.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid realizó en los últimos dos años 2.093 inspecciones a viviendas turísticas, 1.526 en 2025 y 567 en 2024, según el informe de gestión de la Agencia de Actividades del propio Consistorio de José Luis Martínez-Almeida. Por lo tanto, en Barcelona el año pasado se realizaron un 430.80% de controles más que en la capital estatal, a pesar de que en marzo de 2025 el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo informó de que contaba con 15.204 pisos vacacionales ilegales, más del total de inmuebles turísticos que hay en la ciudad condal.
Plan de regularización fiscal en el sector turístico 2025-2028
El Ayuntamiento de Barcelona no tiene pensado aflojar el control sobre los pisos turísticos hasta la supresión de los inmuebles vacacionales en 2028. No solo sobre las que no disponen de licencia, también respecto a la correcta tributación de las que operan de forma legal. En este sentido, el Consistorio informó el pasado mes de agosto que el Instituto Municipal de Hacienda preveía inspeccionar 436 empresas propietarias o explotadoras de 2.281 viviendas de uso turístico (VUT) y 280 apartamentos turísticos (AT) en el marco del Plan de regularización fiscal en el sector turístico 2025-2028. Asimismo, anunció que en aquel momento ya se habían puesto en marcha la inspección de 99 entidades con 1.300 VUT y 105 AT.
El Plan de regularización fiscal en el sector turístico se trata de una estrategia del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que se encarga de facilitar datos sobre viviendas de uso turístico al Instituto Municipal de Hacienda, para detectar posibles impagos del Impuesto de Actividades Turísticas (IAE) por parte de las empresas del sector. Esta estrategia constaba de tres fases: la primera, el cruce de datos entre la ATC y la DSI; la segunda, la finalización de los 102 procedimientos que se habían iniciado en aquel momento; y la última, la inspección de las entidades que se dedican al alquiler de VUT, pero que en el ejercicio de 2023 no constaban como declarantes de dicha actividad económica.
La diferencia entre una vivienda de uso turístico y un apartamento turístico es que el segundo alojamiento tiene una función comercial, mientras que al primero se le dan también otros usos, como puede ser el residencial. Desde el despliegue del plan de regularización fiscal en el sector hasta agosto de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona recaudó 287.000 euros por el impago del IAE por parte de 20 empresas dedicadas al alquiler de estos tipos de inmuebles.
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