La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional (sin fianza) para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. La juez esgrime en su auto que hay "alto riesgo de reiteración delictiva",  riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Este último alimentado por al decisión de el ex President Carles Puigdemont y cuatro ex consellers de irse a Bélgica para eludir a la acción directa de la justicia española. "Basta recordar el hecho de que algunos ya se han desplazado a otros países", dice textualmente el auto judicial. Todos los enviados a la cárcel se habían acogido a su derecho de no declarar. Para el único ex consejero que declaró, Santi Vila, la juez dictó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Los que van a la cárcel

A las 17.00 horas se dió a conocer el auto de la juez Lamela, que envía directamente  a la cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Cultura), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo), quienes serán trasladados de inmediato a prisión, en principio, a Soto del Real, en el caso de los hombres.

Vila, que dimitió antes de que el Parlament votara la declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido ante la juez a las preguntas de todas las partes y el único que puede eludir la cárcel pagando 50.000 euros de fianza .

El resto de exconsejeros acusados de rebelión en la Audiencia Nacional se han negado a responder a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, según han señalado fuentes judiciales. 

Todos están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

 Puigdemont en Bruselas

La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros en la Audeiencia Nacional fue explicada anoche en un comunicado firmado por el "gobierno legítimo de Cataluña", a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español". Añadían que parte de los exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.

El abogado de dos de los ex consejeros que están en Bruselas -Serret y Comín- Gonzalo Boyé, sí ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar estar presente en las declaraciones, que se hacen bajo secreto, pero no se le permitió y le comunciaron lo debe hacer por escrito.