La Generalitat de Cataluña puso en marcha un "departamento de espionaje ilegal" a través de los Mossos d'Esquadra, según figura en los informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Según El Periódico de Catalunya, que ha tenido acceso a dichos informes, se ordenó vigilar, grabar conversaciones y hacer fotografías de políticos, periodistas, empresarios y personas con relevancia social que pudieran representar una amenaza para el proceso independentista.
Para su mantenimiento se utilizaron fondos reservados que representaron en 2015 161.101,22 euros.
Intentaron destruir documentos
Los agentes concluyen que los papeles que los Mossos intentaron destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de Sany Adrià de Besós. Entre los documentos que lograron recuperar había referencias a una boda de la familia Fuster Fabra a la que asistieron "Blas, Pino (dos comisarios de policía), Cierco (uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultaba dinero), Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera", el líder de Ciudadanos.
Esta especie de CNI catalán vigiló los asistentes a la manifestación del 19 de marzo en Barcelona identificando a los líderes de la misma: Carlos Carrizosa y Susana Beltrán, diputados de Ciutadans en el Parlament; Alberto Fernández Díaz, líder del PP en Barcelona; Sergio Santamaría, exdiputado popular; el periodista de Antena 3 Albert Castillón y Mariano Gomá, presidente de Societat Civil Catalana.
Los investigadores aseguran que no era un "simple informe del seguimiento de una manifestación" e interpretan que había "presumiblemente órdenes políticas" detrás y que formaban parte de los seguimientos a "políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías".
Movimientos de los agentes del Piolín
Entre los documentos que los servicios de seguridad lograron interceptar en Sant Adrià del Besos figura un dossier sobre los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los documentos muestran cómo tenían controlados, entre otros, a los agentes "del barco Piolín".
Además de espiar a presonajes relevantes, el CNI catalán intentó "acceder a las bases de datos externas de diferentes organismos" para recabar datos de los ciudadanos sin autorización previa. Entre otras cosas buscaban datos de alumnos matriculados, prestaciones de bienestar social, registros del Servei Català de la Salut) o el catastro.
