El Govern de Cataluña aprobará en la reunión del Consell Executiu del próximo martes un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio que contará con una línea de ayudas directas para las familias, actuaciones para proteger el tejido económico y propuestas para impulsar las energías renovables frente a la subida de precios de los carburantes. Así lo ha anunciado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, tras mantener una reunión sobre la situación geopolítica por el conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel en el Palau de la Generalitat con miembros de Junts, ERC, Comuns, PP y CUP. Vox y Aliança Catalana también estaban convocados, debido a su representación en el Parlament, pero han decidido no acudir.
La intención de la reunión era que las diferentes formaciones pudieran realizar propuestas al Ejecutivo catalán en el marco de los efectos de la escalada bélica en Cataluña, dada la importancia del asunto para el conjunto de los catalanes, y así ha sucedido. Algunas de las medidas del paquete han sido idea del Govern, pero otras fueron sugeridas por otros grupos en la cumbre que se celebró hace justo una semana con los partidos, en la que participó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Romero ha dado a conocer que en el encuentro de hoy se han trasladado otras iniciativas, que se estudiarán antes de que finalice la semana para ver si se pueden incorporar a este primer paquete.
Medidas para proteger a los sectores económicos y posibles rebajas fiscales
Respecto a las medidas destinadas al tejido económico que incluirá el paquete, Romero ha explicado que el Ejecutivo catalán abrirá una línea de subvenciones para diferentes sectores económicos, entre los cuales ha destacado la agricultura, la pesca, los transportes y la movilidad, que son, según la consellera, los “más afectados”. Asimismo, las iniciativas incluyen la financiación bonificada a empresas a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Además, está evaluando el impacto de la subida del coste energético en dichos ámbitos para “intentar complementar algunas de las medidas que se están haciendo desde el Gobierno de España”.
En relación con las actuaciones que se realizarán en el ámbito económico, Romero se ha referido también a la posibilidad de aplicar alguna rebaja fiscal. La titular del Departamento de Economía y Finanzas ha señalado que en esta cuestión el Govern tiene “poco margen” y “poca competencia”, pero ha abierto la posibilidad de aplicar alguna excepción o rebaja en algún impuesto la Generalitat, así como “en algunas tasas que pueden afectar a sectores económicos determinantes”. Sin embargo, ha descartado una bajada del IRPF.
Ayudas para las familias e impulso de las renovables
En cuanto a las medidas para dar apoyo a las familias catalanas, la consellera ha detallado que se abrirá una línea de ayudas genérica que permita poder definirlas en un futuro, en base a la evaluación del impacto del conflicto en Oriente Medio. “En este primer paquete no hay grandes medidas en este sentido. Queremos ver cuál es el efecto que acaba teniendo en las familias”, ha apuntado.
El tercer bloque del paquete hace referencia a medidas tanto a medio como a corto plazo para “acelerar la transición energética en Cataluña desde el punto de vista del tejido económico”. Entre ellas, se encuentra la apuesta por los parques eólicos y los fotovoltaicos para generar energía renovable, el refuerzo de la Energética pública, la potenciación del autoconsumo, la simplificación administrativa y el impulso a la compra pública verde.
Grupo de seguimiento para evitar que las empresas trasladen costes a los ciudadanos
Por otro lado, la consellera ha explicado que en la reunión con la mayoría de los grupos parlamentarios catalanes también se ha acordado la creación de un grupo de seguimiento para supervisar la evolución de los precios y analizar el impacto de la guerra en estos. Igualmente, ha indicado que trabajará para garantizar que las empresas no trasladen a los ciudadanos el impacto y los costes derivados del conflicto.
Romero ha concretado que seguramente este grupo de trabajo esté vinculado a la Agencia Catalana de Consumo (ACC) y a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). De esta manera, se pretende que funcione como “una unidad de vigilancia para hacer seguimiento y tomar medidas si es necesario”. “Este tema preocupa en general a los grupos y nos ha parecido interesante incorporarlo en la primera propuesta de paquete de medidas”, ha declarado.
