El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que impidan cualquier uso de locales o edificios públicos para preparar o celebrar el referéndum independentista del próximo 1 de octubre.
De esta manera, la jueza instructora Mercedes Armas de la acusación contra miembros del Govern por prevaricación, desobediencia y malversación en la convocatoria del 1-O a instancias de la Fiscalía asume la investigación del Ministerio Público y ordena a los cuerpos de seguridad del Estado el “cierre de todos aquellos” locales públicos “que hubiesen llegado a abrirse” para estos fines.
Además, y como viene ya produciéndose en anteriores actuaciones, ha pedido a los agentes requisar cualquier material relacionado con la convocatoria del referéndum ilegal. La semana pasada, el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había pedido que la investigación contra él y otros miembros del Govern no la llevase la Fiscalía sino un juez, defendiendo que le correspondía por competencia.
