La crisis habitacional está golpeando a casi la totalidad del territorio español, con especial afectación en las grandes ciudades; sin embargo, no todas las Comunidades Autónomas (CCAA), administraciones competentes en la materia, están abordándola de la misma manera. Cataluña es un ejemplo de intervencionismo del mercado y el Govern, encabezado por el socialista Salvador Illa, ha dado un nuevo paso, gracias a su acuerdo con los Comunes para sacar adelante los Presupuestos, y limitará la compra de inmuebles para fines especulativos “antes de verano”.

Illa y la presidenta de los Comunes, Jéssica Albiach, rubricarán este jueves el pacto alcanzado para lanzar unas nuevas Cuentas autonómicas y que incluye la modificación de la ley de Urbanismo. El cambio habilitaría a los Ayuntamientos catalanes, que tendrían la última palabra, a elaborar planes especiales de urbanismo que limiten la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de residir en ellas. Si bien se contemplan excepciones, como que su aplicación se producirá en zonas de mercado tensionado y mientras estas mantenga esta condición.

El objetivo del Govern es que los consistorios puedan aplicar esta normativa antes de la llegada de los meses estivales. La iniciativa, que podrán trasladar a los plenos municipales también asociaciones privadas y entidades para que se debata, no afectará por igual a la totalidad de compradores. Los considerados por la administración pequeños propietarios podrán adquirir hasta cuatro viviendas en su municipio de residencia habitual siempre y cuando las alquilen según marca índice de precios topados o para residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).

Nadie podrá comprar para especular

La pretensión de los Comunes, que figuraba en su proposición de ley, contemplaba que tan solo pudiesen adquirir una, pero finalmente han cedido para alcanzar un acuerdo. En el caso de los grandes propietarios, si los Ayuntamientos lo deciden no podrán adquirir pisos, tan solo comprar edificios enteros, obligación que será supervisada desde las administraciones. De esta manera, Cataluña se convierte en “la primera Comunidad Autónoma” que tendrá herramientas para para prohibir determinada especulación, una medida que se aplica también en otros países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o Países Bajos.

Además, para evitar situaciones como la que se multiplica en Madrid, con la compra de edificios enteros para destinarlos a vivienda turística o a reventas especulativas, los bloque que adquieran estos grandes propietarios tendrán la obligación de que el alquiler de sus pisos sea residencial y con el precio topado. Asimismo, existirán mecanismos para que no haya compras veladas de edificios a través de adquisiciones piso a piso y con tácticas de hostigamiento, situación por la que se está juzgando a un fondo buitre en Madrid.

Más allá del propio municipio, sí que se podrán adquirir segundas viviendas en otro municipio que no sea el de residencia habitual, tanto para pequeños como para grandes propietarios, pero estas no se podrán poner en alquiler, buscando que, en la práctica, sean verdaderamente inmuebles vacacionales. “Nadie podrá comprar para especular", porque cualquier nueva compra de vivienda será para residencia habitual o para alquilar a precios topados”, celebran los Comunes

Fuera de estas restricciones se quedarán determinades organismos que, por su propia naturaleza, se dedican a un impulso inmobiliario beneficioso para la ciudadanía. Así, las administraciones públicas y fundaciones que trabajen con vivienda social y las entidades del tercer sector estarán exentas de estas limitaciones de compra cuando destinen la vivienda a alquiler protegido, social o asequible.

El Ministerio de Vivienda apoya la medida

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pilotado por Isabel Rodríguez, "aplauden la determinación de la Generalitat de Catalunya para preservar la función social de la vivienda a través de las herramientas que facilita la Ley por el Derecho a la Vivienda". "Una vez más, la declaración de zonas de mercado tensionado es el mecanismo que permite actuar de forma extraordinaria en las áreas donde la ciudadanía tiene más dificultades de acceso a la vivienda", ahondan, insisitiendo en que este es "el camino que señala la UE en el Plan Europeo de Vivienda Asequible".

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