La huelga de médicos de asistencia primaria en curso, las que seguirán esta semana (estudiantes y profesores) y el paro general de funcionarios autonómicos convocado para diciembre han devuelto al Gobierno de la Generalitat a la realidad. Durante un largo tiempo, la excitación soberanista desplazó del primer plano, y también de la calle, cualquier reivindicación salarial para paliar las consecuencias sociales de los recortes presupuestarios inaugurados por Artur Mas. Tras las burbujas del Procés, los efectos de la crisis siguen intactos.

Durante estos ocho años, el gasto en sanidad perdió siete puntos y la asistencia primaria a 900 médicos. Los huelguistas exigen la limitación del número de visitas por facultativo para poder dedicar como mínimo 12 minutos por paciente, mientras la Generalitat se resiste a dicha limitación, ofrece una mejora salarial y la ampliación del número de plazas en unas doscientas, lejos de la pérdida de médicos provocada por la crisis. Fijar un número de visitas sin ampliar la plantilla de médicos, aunque estos recuperen una parte del sueldo perdido a partir de 2010, implicaría un aumento exponencial de las listas de espera, a lo que se resiste el departamento.

Con escasas esperanzas de disponer de un presupuesto autonómico con mayor capacidad de gasto, dada la negativa de PDeCAT y ERC de aprobar los presupuestos del Gobierno Sánchez, la mayoría independentista confía en conseguir el apoyo de los Comunes como mínimo para aprobarlo. La primera reunión se celebrará este jueves. Los Comunes han sumado a su exigencia de una mayor presión fiscal a las rentas altas, la incorporación de los 900 médicos reivindicados por los huelguistas; por su parte, el gobierno catalán ha abierto la puerta a algunos retoques fiscales, con las reticencias del PDeCAT, poco dispuesto a gravar fiscalmente a sus electores.

El Gobierno Torra ha reaccionado muy tarde a la convocatoria de huelga. Convocó a los negociadores a pocas horas del inicio del paro y el lunes volvieron a reunirse sin éxito. Sus portavoces parlamentarios lo único que han acertado a decir, con la huelga ya en marcha, es que para hacer frente a estas dificultades financieras no hay más remedio que hacer la república catalana, pasando por alto que la reclamación de los médicos consiste, en realidad, es recuperar las condiciones de las que ya habían gozado en 2009, en pleno gobierno autonómico.

El Gobierno Torra ha reaccionado muy tarde a la convocatoria de huelga. Con la huelga ya en marcha consideran que para hacer frente a estas dificultades financieras no hay más remedio que hacer la república catalana

Aparcada la etapa de la unilateralidad presuntuosa, practicada por el anterior gobierno de la Generalitat, el actual ejecutivo de Torra se ha instalado en la falsa candidez de las propuestas institucionales impropias para intentar desmontar la voluntad de diálogo de Pedro Sánchez. Así, cuando Pedro Sánchez anuncia su intención de debatir en el Congreso su propuesta para Cataluña, el próximo día 12 de diciembre, Torra le insta a comparecer en el Parlament para poner a votación dicha propuesta; cuando el gobierno central agenda una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona para el 21 de diciembre y propone una reunión entre Sánchez y Torra, éste contrataca solicitando a la Moncloa la celebración de una inédita sesión conjunta del Consejo de Ministros y el Consell Executiu de la Generalitat.

Finalmente, tras la insistencia en la reclamación de estas propuestas, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, entre salido a recordar la banalidad de las mismas, al suponer una confusión de los marcos competenciales existentes en el Estado de las Autonomías. La imagen de los dos gobiernos reunidos de igual a igual supondría el espaldarazo a la tesis de la relación bilateral entre España y Cataluña, una eventualidad no prevista, de momento

El humo informativo provocado por este tipo de sugerencias condenadas al fracaso, tal como lo fue hace unas semanas la falsa perspectiva de poder hablar de autodeterminación con el gobierno de Madrid, responde a la necesidad del gobierno Torra de ganar tiempo a la espera de las sentencias del juicio de los dirigentes encarcelados, evitando con las forzadas negativas provenientes de Moncloa una hipotética consolidación del ánimo dialogante de un sector del independentismo.