La Generalitat de Cataluña ha abierto 529 expedientes por infracciones a la regulación de los alquileres en zonas de mercado tensionado desde la entrada en vigor del tope del precio de los arrendamientos en el territorio catalán en marzo de 2024 y del régimen sancionador en materia habitacional en 2025. Así lo ha dado a conocer este jueves el Departamento de Territorio y Vivienda en un comunicado en el que se explica que un 79% de los casos se han debido, exclusivamente o junto a otras irregularidades, al incumplimiento del importe máximo de la renta marcado por la nueva ley de la vivienda.
Entre las irregularidades que se han detectado, junto al incumplimiento del tope del precio del alquiler, se encuentran la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización de los contratos a los inquilinos, así como la omisión de información como la condición de gran tenedor del propietario (quienes tengan 5 o más viviendas en su haber) y el precio del arrendamiento. Otra infracción identificada entre los casos expedientados ha sido la ocultación de la finalidad del contrato en alquileres de temporada o de otros usos que no son el residencial.
El 89% de los expedientes se encuentra en fase de diligencias previas
Según ha informado el Govern en el comunicado, el 89% de los expedientes se encuentran en estos momentos en fase de diligencias previas, que es el primer paso de la investigación inicial de las irregularidades detectadas, mientras que hay siete en los que ya se ha puesto en marcha formalmente la sanción. Por otro lado, también se ha detallado que el 74% de los procesos sancionadores han sido abiertos de oficio, lo que significa que han sido iniciados por una misma unidad inspectora, mientras que el 26% restante ha derivado de denuncias de particulares.
Hasta el momento, un 10% de los expedientes sancionadores, 51 en total, han sido archivados: 31 de forma definitiva, 18 en fase de diligencias previas y 2 anulados. Desde el Departamento de Vivienda se señala que la principal causa de archivo de los casos denunciados por particulares se debe a que los contratos de alquiler son anteriores a la entrada en vigor del Decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas o de la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo aprobadas por el Parlament de Cataluña y, por lo tanto, antes de que existiera un régimen sancionador.
Distribución territorial de los expedientes
En cuanto a la distribución territorial de los expedientes por provincias, un 76%, equivalente a 402, se han abierto en Barcelona. De bastante lejos le siguen Tarragona, donde se han detectado 60 de los casos (11,3%); Girona, con 48 procesos sancionadores (9%); y, por último, Lleida, con 19 (4%).
Por municipios, la ciudad de Barcelona es la localidad con mayor número de expedientes sancionadores hasta ahora, con 210 abiertos (40%) en los dos años de contención de precios del alquiler. La segunda es Girona, con 31 procesos iniciados; seguida por Badalona, con 23; y Sitges, con 14.
El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona realizaron 17 inspecciones de manera coordinada el pasado 15 de abril
Desde el Ejecutivo catalán se apunta que el despliegue del cuerpo de inspectores en las zonas de mercado tensionado de Cataluña se está llevando a cabo de forma progresiva y en coordinación con los gobiernos municipales. Entre los ayuntamientos con los que la Generalitat ya ha colaborado en la realización de algunas inspecciones por irregularidades en relación con la regulación de los alquileres se encuentra el de Barcelona, con el cual el pasado 15 de abril se llevaron a cabo 17 inspecciones en once ubicaciones de la capital catalana en una operación que contó con el apoyo de la Guardia Urbana.
El resultado de estas 17 inspecciones fue la detección de doce posibles casos de incumplimiento de la ley, en su mayoría, en inmuebles arrendados por habitaciones. En estos momentos, la Generalitat está en proceso de valoración de la documentación requerida durante dicha operación y de solicitud de más documentos.
La Generalitat se plantea crear la Dirección General de Disciplina de la Vivienda, que se encargaría de aplicar sanciones
En relación con la inspección en el marco del incumplimiento de la regulación de los alquileres, el Govern se ha mostrado esta semana predispuesto a crear una Dirección General de Disciplina de la Vivienda que se encargue de la aplicación de las sanciones en este ámbito con el fin de centralizar y agilizar el control del cumplimiento de la ley, incorporando a los inspectores de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Según afirmó este martes la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, en la Generalitat “ven con buenos ojos” la constitución de este órgano propuesto por los Comuns.
Asimismo, la también portavoz del Govern defendió que la creación de la Dirección General de la Vivienda era “una buena propuesta” enmarcada en necesidades con las que Cataluña no contaba hasta hace un tiempo y que actualmente son una realidad del territorio. Además, puso en valor que con este nuevo órgano “puede aligerar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que debe estar centrada en la gestión del parque público”.
También en el ámbito de la inspección en materia de vivienda, Paneque remarcó que la AHC ya ha incorporado los 100 inspectores acordados con los Comuns para reforzar el control sobre las infracciones de la regulación de los alquileres y garantizar que se aplican las sanciones. En caso de que la Dirección General de la Vivienda salga adelante, se prevé que esta se convierta en la encargada de la gestión del trabajo de estos inspectores y de la tramitación de los expedientes sancionadors.