El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, ha amanecido este viernes con una nueva acusación después del varapalo judicial que recibió este jueves de la justicia por la adjudicación a dedo de 138 licencias de comunicación audiovisual a empresas radiofónicas a medios afines al Partido Popular.

Tras ello, desde el PSOE castellano y leonés, su secretario de Organización, Daniel de la Rosa, ha denunciado que el líder del PP de la autonomía vaya “dopado” de publicidad institucional a las elecciones autonómicas a través de medios simpatizantes con su formación que “favorecen la propaganda política”. Por ello, ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de modificar la Ley de Publicidad Institucional con el objetivo de que haya “un reparto equitativo y justo en función de la audiencia, distribución y el alcance de cada uno de los medios”, para lo que ha instado al PP que “deje de poner excusas”. 

En este orden de cosas, De la Rosa ha exigido una reestructuración de los fondos que la Junta de Castilla y León destina a este tipo de publicidad de manera que los “millones de euros” se repartan de forma objetiva y con la “máxima transparencia”. "Esta es la realidad, los anuncios institucionales de la Junta de Castilla y León provocan que muchos medios de comunicación, digamos se plieguen para favorecer la política de propaganda del Partido Popular", a excepción de 2019, cuando el PP de Mañueco perdió las elecciones frente al PSOE.

Varapalo judicial a Mañueco por las licencias radiofónicas

Todo ello se produce de manera simultánea a la resolución que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado este jueves en detrimento del Ejecutivo de Mañueco con la que considera “nula de pleno derecho” la Orden de la Junta por la que en diciembre de 2022 se adjudicaron 138 licencias de comunicación audiovisual en medios radiofónicos afines a su grupo. 

De la Rosa ha hecho referencia a la anulación del Alto Tribunal de la autonomía y se ha mostrado sorprendido al apreciar que otros medios que no comparten afinidad con el PP no hubieran obtenido ninguna licencia, cuando el 30% de ellas se concentraron únicamente en dos grupos de comunicación: Fundación de Amigos de Radio María y Asociación de Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza (“La Undécima hora Radio”).

Este contencioso encuentra su punto de partida en la demanda que interpuso la Cadena SER al considerar que el procedimiento de adjudicación había incurrido en una serie de irregularidades que debían conllevar la nulidad judicial. Así, la SER de Castilla y León observó que de las 23 licencias a las que optaban no consiguieron ninguna y que los adjudicatarios podrían incumplir algunos de los puntos de los pliegos de contratación.

Con todo ello, tras la última sentencia del TSJ, la Junta de Castilla y León deberá ahora dictar una nueva resolución sobre la adjudicación de todas las licencias sacadas a concurso y le impone el pago de 2.000 euros en concepto de costas judiciales.

Doble varapalo en la Cortes: rechazo a la demanda del PP

El escenario al que ahora se enfrenta el PP de Mañueco no se limita únicamente a la nulidad por parte del Alto Tribunal la concesión de licencias a medios afines, sino también a la respuesta de los letrados de las Cortes autonómicas a la demanda que presentaron los populares y con la que solicitaban vetar las enmiendas de la oposición para modificar la Ley de Publicidad Institucional. Sobre ello, el secretario de Organización del PSOE ha defendido que esas enmiendas buscaban que los criterios de reparto de la publicidad fueran objetivos, por lo que son “constitucionales” en contra de lo sostenido por el PP.

Esto mismo también se aprecia en el documento remitido a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, bajo el mando de Carlos Pollán (Vox), en el que se especifica que las enmiendas planteadas no incurren en la “inconstitucionalidad palmaria y evidente” que sería necesaria para aceptar la petición del PP, cuyo recurso ya ha sido desestimado íntegramente. 

Con el fin de tumbar la demanda de los populares, los letrados han expuesto diferentes puntos. Por su parte, el letrado firmante, Edmundo Matía, ha recordado al PP que "es obvio que la Mesa de las Cortes carece de facultades para controlar o para dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el Pleno de la Cámara", en referencia a que la solicitud de reconsideración no aborda el contenido de las enmiendas en sí, sino el propio contenido de la proposición de ley de modificación de la Ley de Publicidad Institucional, tomada en consideración por el Pleno el 4 de diciembre.

En otro de sus puntos, el informe plantea que el argumento dado por el PP para pedir la inadmisión de la enmienda número 15 del PSOE, en el sentido de que los populares entienden que se crearía una especie de "procedimiento especial para el ejercicio del derecho de rectificación". A ojos de los autores del informe, la supuesta inconstitucionalidad no radicaría en la propia enmienda, sino en la propia Ley de Publicidad Institucional actualmente vigente.

En el caso de la enmienda presentada por Francisco Igea, como procurador del Grupo Mixto, el informe es tajante al señalar que, al contrario de lo que argumenta el PP, su contenido es "plenamente conforme" con el ordenamiento constitucional, del mismo modo que las presentadas por UPL y Soria Ya.