Mientras sigue el silencio en el Ayuntamiento de La Adrada con respecto a la información solicitada para analizar la legalidad del chalet del juez Juan Carlos Peinado en la citada localidad de Ávila, es ahora una nueva concesión por parte del consistorio la que acapara el foco y pone en el aire una posible estrategia del Gobierno municipal del Partido Popular (PP) para beneficiar al magistrado y tratar de retrasar al máximo la entrega de esa documentación, solicitada reiteradamente por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.
Según ha dado a conocer el activista Fernando Jabonero, el Ayuntamiento de La Adrada habría vulnerado el Estatuto General de los Procuradores de Tribunales concediendo al secretario interino del consistorio la compatibilidad para ejercer de procurador, algo que es completamente contrario a lo que se recoge en el artículo 24.1.d del citado Estatuto. “La profesión de procurador es incompatible con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos en los órganos institucionales del Estado, de la Administración de Justicia y de las Administraciones públicas y los Organismos públicos dependientes de ellas”, reza este artículo. Sin embargo, "en un acta del 29 octubre de 2025 en cuyo punto 5 se aborda la compatibilidad, hay una línea que dice que se vota a favor de conceder la compatibilidad".
“Eso es ilegal, corre un riesgo, y es que todos los actos en los que ha intervenido son nulos de pleno derecho, incluidos los plenos y las juntas de Gobierno. Si es procurador en ejercicio no puede ser secretario”, detalla en declaraciones a ElPlural.com Jabonero. En esta misma línea, el activista, que sigue esperando respuesta del Ayuntamiento popular con respecto a la documentación sobre el chalet de Peinado, adelanta que ha presentado ya denuncia contra esta concesión del consistorio al secretario interino, de carácter ilegal. “Lo he denunciado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), en el Colegio de Procuradores de Ávila, y ante la Dirección General de Administración Local, para que tengan conocimiento”, señala Jabonero en declaraciones a este periódico.
En este mismo orden de cosas, el activista contra el chalet del juez Peinado estrecha el cerco en que quien ahora ocupa la secretaría interina a la vez que ejerce de procurador, ha llegado a figurar en las listas del PP en dos convocatorias municipales del municipio avilés de Arévalo, algo que resulta del todo reseñable, si se atiende a la situación que vive el consistorio del municipio abulense en el marco del caso Peinado, y la demora en la respuesta para entregar informaciones que podrían llevar al magistrado al Juzgado. “¿No había nadie más próximo para nombrarlo secretario interino que tiene que irse a un sitio que está a una hora y 40 minutos en coche?”, alega Jabonero, en referencia a la ubicación de su oficina como procurador situada en la localidad de Arévalo. Por este cúmulo de motivos, Jabonero plantea su hipótesis: “Yo creo que le han mandado para que controle el tema de los papeles de Peinado de La Adrada y que de allí no salga nada. Todavía no he recibido ningún informe técnico, ni jurídico de las licencias de uso y demás referidas a la propiedad del señor Peinado, están en el ánimo de no mandarlo, y por ahí está el comisionado de Transparencia de Castilla y León”.
Sin rastro de los documentos sobre el chalet de Peinado
Todo ello se conoce cuando siguen sin llegar las respuestas con respecto a la información que solicitó en un primero momento el activista para ahondar en la posible ilegalidad del chalet del magistrado. A razón de ello, el pasado mes de diciembre el Comisionado de Transparencia de Castilla y León redoblaba la presión sobre la dirigente municipal, María del Pilar Martínez Saguar, para que accediera a las peticiones de información del activista.
"Para dar cumplimiento completo a la citada resolución del 2 de agosto de 2025, el Ayuntamiento de La Adrada debe facilitar al reclamante, en relación con la finca catastral 073801UK6603N, su dirección CM Forestal, copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y las de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores y, por último, copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso, evacuaciones de agua", señaló entonces el Comisionado, instando a la alcaldesa a que facilite al reclamante toda la información citada y que se suma a las presiones de la Fiscalía para el mismo propósito.
Al hilo de ello, y al enterarse del nuevo requerimiento, el activista publicó un mensaje en redes en el que sostenía que "la alcaldesa de La Adrada" debía "de estar muy mal asesorada".