El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido testigo este jueves de una nueva arremetida xenófoba y deshumanizadora por parte del Grupo Parlamentario Vox, esta vez centrada en los menores extranjeros no acompañados, a los que ha señalado como un "problema" para el país.

David Moreno, presidente del grupo de ultraderecha en el parlamento autonómico, ha pedido datos sobre su número en la región y ha calificado la situación como una "invasión migratoria consentida" promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, criminalizando así no solo a quienes huyen de la pobreza y la guerra, sino también a los gobiernos que cumplen con sus obligaciones legales y humanitarias.

Lejos de plantear soluciones o propuestas concretas, Vox ha optado por difundir miedo y alimentar prejuicios, exigiendo explicaciones sobre supuestos costes ocultos, cuestionando los datos oficiales --139 menores no acompañados atendidos por la Junta-- y exigiendo pruebas forenses para determinar la edad real de los inmigrantes. Una estrategia conocida la de poner en duda los derechos humanos para legitimar su agenda de odio.

Niños a los que Vox "deshumaniza y criminaliza" 

La respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido clara y firme. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que "son niños", a quienes Vox "deshumaniza y criminaliza". En su intervención, ha reafirmado que el Ejecutivo regional trabaja con la solidaridad como principio rector, atendiendo a 173 menores y manteniendo ocupadas al 97% las 566 plazas destinadas a personas en riesgo de desprotección.

"No vamos a aceptar discursos que vinculan inmigración con criminalidad", ha dicho la consejera, desmontando el argumentario del odio y subrayando que "es responsabilidad de todos que ningún menor esté desprotegido". Además, ha reclamado financiación al Gobierno central para implementar los planes de contingencia, recordando que Castilla-La Mancha siempre ha estado en primera línea de atención humanitaria.

Pero el Partido Popular no se ha desmarcado del todo de Vox. Su portavoz, Martín Muro, si bien ha intentado disimular la dureza del discurso, ha validado algunos de sus postulados con frases como que los menores son "explotados en esclavitud" y ha cargado contra la supuesta falta de planificación del Gobierno. Una postura ambigua que, en lugar de frenar el avance del extremismo, lo legitima desde la moderación fingida.

Lejos de proponer alternativas concretas, el PP ha optado por acusar a los socialistas de "pactar con terroristas e independentistas" en un intento de desviar la atención del problema real, su claudicación ante la ultraderecha. Mientras tanto, comunidades gobernadas por PP y Vox, como Murcia o la Comunidad Valenciana, aplican políticas de exclusión y recorte en servicios para inmigrantes, incluyendo menores.

Piden al PP "humanidad cristiana"

El socialista Antonio Contreras, por su parte, ha denunciado que Vox "lanza bulos" que implican "un odio terrible", y ha pedido al PP “humanidad cristiana” y coherencia política. Ha reprochado a los populares que hayan firmado pactos de gobierno con Vox en regiones como Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, adoptando posiciones abiertamente contrarias a la inmigración, lo que a su juicio evidencia que "los inmigrantes se han convertido en moneda de cambio".

Contreras ha recordado que la inmigración no es un problema que se resuelve con discursos excluyentes, y ha criticado que el PP haya perdido toda capacidad de liderazgo propio ante el avance de la ultraderecha. También ha advertido de que el PP "no ha sido capaz de estar de la mano" de los inmigrantes, ni siquiera cuando ha tenido responsabilidades de gobierno.