Vox ha vuelto a recurrir a una tragedia para intentar reforzar su estrategia política. La formación de extrema derecha ha aprovechado la violación de una menor de 14 años ocurrida el pasado 6 de diciembre en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) para reactivar un discurso que vincula de forma directa inmigración e inseguridad, utilizando un suceso de enorme gravedad social como altavoz para su agenda ideológica y electoral. Lejos de centrarse en la protección de la víctima o en la prevención de la violencia sexual desde una perspectiva integral, Vox ha optado por convertir el caso en munición política.
El partido ha llevado este mensaje a un acto celebrado en Ciudad Real, donde el portavoz nacional de Vox sobre Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, junto a la portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez, han reclamado la expulsión de quienes, según su relato, "vienen a nuestro país a violentar a las mujeres". Un mensaje que ha vuelto a situar a la inmigración, especialmente la irregular, como supuesto origen del problema, simplificando una realidad compleja y obviando datos que no encajan con su marco discursivo.
Uno de esos datos es especialmente relevante y apenas ha sido mencionado por Vox en su intervención pública. La víctima de la agresión sexual también es de origen extranjero, un hecho que desmonta la narrativa que intenta enfrentar a mujeres españolas con hombres extranjeros como si se tratara de bloques homogéneos y opuestos. La violencia sexual, como muestran los datos judiciales y policiales, no distingue entre nacionalidades ni orígenes, y afecta a mujeres y niñas con independencia de su procedencia.
Pese a ello, Vázquez ha defendido que Vox no va a "esperar a que los ilegales violen a nadie" y ha planteado la expulsión de inmigrantes en situación irregular antes incluso de la comisión de delitos.
El discurso de Vox ha incluido también ataques directos al PP y al PSOE, a los que ha acusado de mantener "políticas cobardes", y promesas de endurecimiento extremo de las penas, como asegurar que con su formación "el que toque a una niña no volverá a ver la luz del día". Una retórica contundente que, sin embargo, no ha ido acompañada de propuestas específicas en materia de prevención, educación o atención a las víctimas, más allá de la reiterada apelación al control migratorio.
La portavoz Isabel Pérez ha elevado aún más el tono al denunciar una supuesta ocultación de agresiones sexuales y al afirmar que "toda la gentuza que viene a nuestro país a violentar a las mujeres hay que echarla fuera". Sus palabras han ido más allá de los delitos sexuales, extendiendo el foco a quienes, según Vox, no respetan la cultura del país o viven de ayudas públicas, mezclando criminalidad, políticas sociales e inmigración en un mismo relato que ha sido señalado por su carácter estigmatizante.
Datos inventados sin respaldo oficial
En ese contexto, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha dado un paso más al inventarse directamente las cifras sobre agresiones sexuales en la región. Moreno ha asegurado que 2025 ha cerrado con un incremento del 62%, un dato que no existe en ninguna estadística oficial.
Los balances publicados por el Ministerio del Interior por trimestres reflejan aumentos reales, pero muy inferiores: en torno al 7,6% y al 7% en los dos primeros trimestres de 2025. Además, no hay aún un dato consolidado del conjunto del año, por lo que hablar de un 62% no solo es prematuro, sino falso. Los últimos datos acumulados hasta septiembre sitúan el incremento en el 16,8% para el total de delitos contra la libertad sexual y en el 27,2% para las agresiones sexuales con penetración, cifras preocupantes pero muy lejos del porcentaje lanzado por Vox, que vuelve a recurrir al alarmismo y a la manipulación estadística para apuntalar su discurso político.
