Vox ha reivindicado públicamente el paso dado por el Partido Popular para no modificar la horquilla de diputados en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, atribuyéndose la autoría política de la enmienda registrada por el PP en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la reforma estatutaria. Un movimiento que ha supuesto la ruptura del acuerdo alcanzado previamente entre PSOE y PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y que, lejos de responder a razones técnicas, ha sido celebrado por la formación de extrema derecha como una victoria propia.
El diputado de Vox en las Cortes regionales, Luis Blázquez, ha asegurado durante el pleno celebrado este jueves que la decisión del PP ha sido consecuencia directa de la “presión” ejercida por el partido de Santiago Abascal. Según ha defendido, el trabajo político de Vox ha logrado que los populares “se atrevieran” a presentar una enmienda destinada a impedir el aumento del número de diputados autonómicos previsto en el texto consensuado inicialmente.
Blázquez ha llegado incluso a felicitarse públicamente por el resultado de esa presión política, afirmando que Vox ha sido determinante para que el PP rectificara su posición y rompiera el acuerdo estatutario. Un discurso que confirma de manera explícita la convergencia política entre PP y Vox, al menos en lo que respecta a uno de los elementos clave de la reforma: la representación parlamentaria en Castilla-La Mancha.
La enmienda presentada por el PP fija una horquilla de entre 25 y 35 diputados, bloqueando cualquier posibilidad de ampliación de las Cortes regionales. Una decisión que asume sin matices el argumentario de Vox, basado en el rechazo frontal a incrementar el número de parlamentarios, pese a que Castilla-La Mancha es uno de los territorios con menor representación parlamentaria de toda España en relación con su población y su extensión.
Desde el PSOE se ha venido insistiendo en que no existían razones objetivas para romper el pacto, ya que la propia reforma del Estatuto establecía que los cambios en la ley electoral no podrían aplicarse hasta 2031, sin impacto inmediato en la composición de la Cámara. Además, el acuerdo contemplaba que la futura ley electoral debía aprobarse con consenso entre PSOE y PP y que cualquier modificación posterior exigiría mayorías reforzadas, precisamente para evitar decisiones unilaterales.
Pese a ello, Vox ha celebrado el bloqueo como un éxito político, reforzando su estrategia de confrontación con el autogobierno autonómico y de desgaste de los consensos institucionales. El hecho de que el PP haya asumido este marco no solo ha roto un acuerdo que había sido presentado como histórico, sino que ha devuelto la reforma del Estatuto al punto de partida, evidenciando la capacidad de Vox para condicionar decisiones clave del principal partido de la oposición.
La intervención de Blázquez ha servido así para poner negro sobre blanco una realidad política que hasta ahora el PP trataba de matizar: la enmienda que frena la reforma estatutaria responde a una presión directa de Vox y a la asunción de su discurso, incluso a costa de dinamitar un consenso parlamentario que había logrado sacar adelante una de las reformas institucionales más relevantes de Castilla-La Mancha en las últimas décadas.