Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha pronunciado sobre el nombramiento de Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz. Para el presidente de Castilla-La Mancha, el hecho de que Peramato cuente con experiencia y una trayectoria consolidada, “particularmente con los temas de igualdad”, le parece buen comienzo.

Peramato llega a la fiscalía general después de la dimisión de Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación, una multa e indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la fiscalía en 1990 pasando por Tenerife, Valladolid o Barcelona, hasta recalar en Madrid. Allí fue nombrada fiscal delegada para la sección contra la violencia de género en 2005. Con 35 años de trayectoria profesional y el aval de los principales órganos jurídicos, Peramato también fue portavoz de la UPF, Unión Progresista de Fiscales, organismo al que también pertenecía García Ortiz.

Sin conocer los fundamentos de una sentencia es casi temerario hablar de ella

Page ha descartado hablar sobre la condena y prefiere esperar a que se redacte y publique la sentencia. Asegura que le parece una temeridad hablar de una sentencia sin conocer los fundamentos del jurado, y por lo tanto, esperará a conocerla y poder leerla para pronunciarse.

Page fue de los primeros cargos públicos que abogó porque el fiscal defendería mejor su inocencia sin ostentar el cargo, asegurando que una posible dimisión previa al juicio le habría beneficiado.

Ahora también descarta seguir la corriente del Gobierno central, que habla de “golpe blando”, y asegura que él no está obsesionado “con ningún tipo de relato”: “Los relatos políticos y los jurídicos no son convenientes”.

“A las decisiones de los jueces hay que contestarlas con argumentos jurídicos, no políticos, de la misma manera que los argumentos políticos no pueden tener, necesariamente por ser políticos, trasfondo jurídico”, asegura.

Por último, sobre una posible movilización en las calles como pide Sumar, en contra de la condena al Fiscal General del Estado, el presidente de Castilla-La Mancha cree que “cada uno está en su derecho de pedir lo que quiera, no hay problema”.