A las puertas de la fase final del juicio por el conocido como caso mascarillas en el Tribunal Supremo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado un mensaje de respaldo institucional al funcionamiento de la justicia y, al mismo tiempo, ha marcado distancia entre las conclusiones judiciales y el debate político que rodea a la causa.
En un momento en el que el procedimiento encara la última palabra de los acusados y la posterior deliberación del tribunal, tras meses de investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, García-Page ha sido tajante al referirse a la posición del presidente del Gobierno Pedro Sánchez: “Si fuera el número uno de la trama, estaría sentado en el banquillo”.
Con esta afirmación, durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 celebrada este miércoles en Toledo, el dirigente socialista ha subrayado su confianza en la actuación de los tribunales, insistiendo en que la apertura de responsabilidades penales depende exclusivamente de la existencia de indicios sólidos. “Ese no es el debate”, ha recalcado, aludiendo a que las decisiones judiciales se basan en pruebas y no en interpretaciones políticas. “Si hubiera indicios de acusación, ya sea por parte de Aldama o de cualquier otro, los jueces tendrían que proceder”, ha añadido.
El foco político y judicial sigue puesto en el alcance de las responsabilidades en un caso que ha implicado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, a quienes las acusaciones atribuyen distintos delitos vinculados a contratos de emergencia sanitaria en plena crisis del covid-19.
El peso de las pruebas frente al ruido político
García-Page ha defendido que el desarrollo del juicio “aclara mucho” y permite delimitar “las condiciones y el estatus de cada cual”, frente a lo que considera un exceso de ruido político en torno al caso. “Lo demás son debates y críticas políticas”, ha afirmado. En ese mismo contexto, y en relación con las palabras del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, el dirigente socialista ha subrayado que “para mí es de perogrullo”.
En esta línea, ha querido poner en valor el funcionamiento interno de los procesos judiciales, destacando que “el 90% de las sentencias de los tribunales no tienen que ver con el juicio oral”, sino que se sustentan fundamentalmente en pruebas documentales. “La carga probatoria es inmensa y, en muchos casos, ha sido aportada por los propios inculpados”, ha explicado.
Sobre el caso concreto, ha señalado que gran parte de las pruebas se basan en “grabaciones de Koldo, mensajes entre los imputados y reuniones sin discreción”, lo que, a su juicio, evidencia la solidez del proceso judicial.
Responsabilidad política y cambios tras la pandemia
Más allá del ámbito judicial, el presidente castellanomanchego ha introducido una reflexión de mayor alcance sobre la responsabilidad política. “Todos estamos convencidos de que alguien puede fallar”, ha señalado, aunque ha advertido de que la cuestión clave reside en “cuál es el espacio de responsabilidad en los nombramientos”.
García-Page también ha abordado los cambios legislativos introducidos durante la pandemia, que ampliaron la capacidad del Estado para modificar partidas presupuestarias con mayor flexibilidad. Sin embargo, ha advertido de los riesgos derivados de ese nuevo marco. “Cuando llegó el covid se hizo una modificación legal importantísima, la misma que ha llevado a algunos a hacer corrupción con las mascarillas por contratos telefónicos”.
El dirigente socialista ha sido especialmente crítico con quienes se beneficiaron de la emergencia sanitaria, calificando de “miserable” que se hiciera negocio “mientras morían cientos de personas”, en lo que ha descrito como un “gran drama nacional”.
Por ello, ha defendido la necesidad de revisar el marco normativo vigente. “Hay que recuperar la legislación previa al covid”, ha reclamado, al considerar que el sistema actual permite prácticas que deben ser corregidas.
Como cierre, García-Page ha apelado a reforzar los mecanismos de control en la gestión pública, situando la transparencia presupuestaria como un eje clave para evitar abusos y recuperar la confianza ciudadana. “Se necesita un ejercicio de transparencia sobre el presupuesto”, ha concluido.
