Emiliano García-Page ha verbalizado el coste político de la decisión adoptada por su Gobierno para la defensa del Tajo. El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que acudir a los tribunales contra el Ejecutivo central, pese a ser del mismo partido, supone un paso “duro” y con “importantes consecuencias”, pero ha defendido que se trata de una decisión inevitable para proteger los intereses de la región.
Durante un acto celebrado en Talavera de la Reina, Page ha subrayado que no todos los responsables públicos estarían dispuestos a asumir un escenario de este tipo. A su juicio, "no es habitual" que un dirigente político llegue a denunciar a un Gobierno de su misma formación, pero ha reivindicado que en este caso ha primado “poner por delante los intereses de su tierra” frente a cualquier cálculo partidista.
El presidente castellanomanchego ha enmarcado esta decisión en lo que considera un incumplimiento sostenido de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Una situación que, según ha advertido, podría tener incluso derivadas más graves desde el punto de vista jurídico, hasta el punto de que algunos servicios jurídicos podrían interpretarlo como “delito ecológico”.
Page ha insistido en que el Gobierno regional no ha actuado de forma precipitada. Ha recordado que Castilla-La Mancha ha concedido “más de un año de margen” para que el Ejecutivo central cumpliera con las resoluciones judiciales, un tiempo que considera más que suficiente para haber abordado la modificación de las reglas de explotación del trasvase.
Sin embargo, ante la falta de avances, el presidente ha defendido que era necesario adoptar una decisión “práctica y clara”, trasladando la idea de que el conflicto ha llegado a un punto en el que ya no caben más aplazamientos ni gestos políticos, sino actuaciones concretas que garanticen el cumplimiento de la legalidad.
El posicionamiento de Page refuerza además su estrategia de marcar perfil propio en un asunto especialmente sensible en Castilla-La Mancha, donde el Tajo se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política, evidenciando una posición de firmeza institucional incluso a costa de tensar la relación con el Gobierno de España.
No obstante, el presidente regional ha dejado abierta una puerta a la resolución del conflicto sin necesidad de prolongar la vía judicial. Ha expresado su confianza en que pueda encontrarse una solución y ha apuntado incluso a la posibilidad de “retirar el pleito” si el Ejecutivo central adopta las medidas necesarias para cumplir con las sentencias.