Paco Núñez ha vuelto a demostrar que predicar integridad no implica practicarla. A pesar de que los Estatutos de su partido son claros en materia de lucha contra la corrupción, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha optado por mirar hacia otro lado ante la apertura de juicio oral contra Tania Andicoberry y Constantino Berruga, dos de sus principales apoyos políticos, implicados en una presunta trama de corrupción durante su etapa al frente de la Diputación de Albacete.

Ambos dirigentes han sido procesados por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a la herencia millonaria de Purificación Urrea, en un episodio ocurrido precisamente cuando Núñez presidía esa institución provincial. El juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral, un hecho que, según los propios Estatutos del PP, debería conllevar la suspensión automática de militancia. Pero nada de eso ha sucedido. Ni un gesto de apartamiento, ni una declaración de condena, ni una medida preventiva. 

Así lo ha denunciado este martes la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, quien ha emplazado públicamente a Núñez a que cumpla con los Estatutos recién actualizados por la dirección nacional del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, que no dejan lugar a interpretaciones.

"Lo dice alto y claro el artículo 19.7.b", ha recordado, con el documento en la mano: "La suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática cuando un afiliado esté inmerso en un proceso penal con auto de apertura de juicio oral".

A pesar de esta normativa interna, el PP regional no ha aplicado ni una sola de sus propias reglas a Andicoberry, actualmente diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, ni a Berruga, exvicepresidente de la Diputación de Albacete durante la presidencia de Paco Núñez. Ambos se enfrentan a hasta 15 años de cárcel y 30 de inhabilitación conjunta por presuntos delitos de prevaricación, estafa y falsedad documental, en el conocido como caso Purificación Urrea, vinculado a una herencia millonaria cuya gestión ha sido calificada de irregular por el juzgado.

Tita García ha lamentado con dureza que en el PP castellanomanchego "nadie dimita" ni asuma responsabilidades, ni siquiera cuando los tribunales ya han dictado pasos formales que implican imputaciones sólidas. Ha señalado directamente a la secretaria general del partido, Carolina Agudo, como la responsable de ejecutar la aplicación de los Estatutos.

Pero lejos de actuar, ha denunciado, Agudo se ha dedicado a "crear bulos" y "tapar con ruido político su verdadero problema: el no cumplimiento de sus propias normas". Ante esta falta de liderazgo ético, el PSOE ha exigido su dimisión inmediata, entendiendo que su continuidad solo refuerza la impunidad y socava la credibilidad de la política castellanomanchega.