El Partido Popular ha vuelto a evidenciar su doble discurso en materia de agua en Castilla-La Mancha. Mientras su dirección nacional respalda sin matices las demandas de comunidades gobernadas por el PP que reclaman más recursos del Tajo, su líder regional, Paco Núñez, acusa al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de no defender los intereses hídricos de la región. Todo ello en un contexto en el que la Junta ha decidido llevar al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo precisamente para frenar el actual modelo del trasvase Tajo-Segura.

Las declaraciones, realizadas este miércoles desde Talavera de la Reina, se han producido apenas unos días después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya formalizado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. La demanda se basa en el incumplimiento del plazo legal para actualizar las reglas de explotación del trasvase y en la falta de aplicación efectiva de las sentencias que obligan a establecer caudales ecológicos en el Tajo.

Pese a este movimiento, Núñez ha insistido en que Page no defiende el agua de la región, llegando a calificar de “batallas ficticias” las iniciativas del Ejecutivo autonómico. Una afirmación que contrasta con una estrategia institucional que ha situado a Castilla-La Mancha en una posición de confrontación directa con el propio Estado para exigir cambios en el modelo actual.

El contraste no termina ahí. Mientras Núñez lanzaba estas críticas, el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, presente en el mismo acto, ha respaldado abiertamente las demandas de comunidades receptoras como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, defendiendo que los gobiernos autonómicos exijan más garantías en materia de agua. Todo ello desde Talavera de la Reina, una de las ciudades que más ha sufrido el deterioro del Tajo en las últimas décadas.

Este choque de discursos dentro del Partido Popular vuelve a poner sobre la mesa una estrategia política que varía en función del territorio. Mientras en Castilla-La Mancha el PP endurece su discurso contra el Gobierno regional, en otras comunidades mantiene posiciones alineadas con quienes dependen del trasvase.

Núñez se alinea con los intereses de Murcia y Valencia frente a Castilla-La Mancha

Las palabras del líder del PP castellanomanchego han ido más allá de la crítica al Gobierno regional y han evidenciado un posicionamiento que choca con los intereses de Castilla-La Mancha. Núñez ha salido en defensa de los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca, justificando sus reclamaciones de agua pese a que estas pasan por aumentar la presión sobre el Tajo.

Lejos de marcar distancias, el dirigente ‘popular’ ha afirmado que le “sorprende” que desde Castilla-La Mancha se critique que estos territorios “quieran defender lo suyo”, avalando así planteamientos que incluyen incluso propuestas para “exprimir” los recursos hídricos del Tajo, el Segura y el Júcar.

Los datos, en cualquier caso, dibujan un escenario complejo. Más de 15.000 hectómetros cúbicos trasvasados en casi medio siglo, envíos recientes que superan los 180 hm3 y previsiones que podrían rebasar los 500 hm3 en los próximos meses si no se modifican las reglas actuales. Un contexto que ha llevado al Ejecutivo autonómico a calificar la situación de insostenible desde el punto de vista ambiental y jurídico.

Culpa a Page de que no llueva

Por otro lado, Núñez también ha arremetido contra Page al asegurar que los agricultores de Castilla-La Mancha tienen hoy menos agua que hace una década, responsabilizando directamente al Gobierno regional. Una afirmación que vincula la disponibilidad de agua a la gestión autonómica, cuando factores como las precipitaciones o la planificación hidrológica dependen de variables mucho más amplias. 

Además, en lo que respecta a los permisos de riego y a la regulación de los usos del agua, se trata de competencias que recaen en la Administración central, no en el Gobierno autonómico. De hecho, el propio García-Page ha advertido recientemente de la situación en zonas como el Alto Guadiana, donde los recortes al regadío han generado preocupación, llegando incluso a amenazar con tomar la iniciativa frente al Estado para defender los intereses de los agricultores castellanomanchegos.

Sin embargo, ese contexto queda fuera del relato de Núñez, que vuelve a centrar su crítica en la Junta sin entrar en el funcionamiento real del sistema ni en el reparto competencial, en un momento en el que la gestión del agua se decide fuera del ámbito autonómico.