El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado este martes el tono en defensa del agua y ha avisado de que no descarta llamar a la movilización de toda la región si prosperan los nuevos planes de cuenca que distintas confederaciones hidrográficas, especialmente la del Guadiana, preparan para el periodo 2028-2033.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado el acto institucional del Día Mundial del Agua, celebrado en la localidad albaceteña de Almansa, para denunciar que los primeros documentos conocidos apuntan a un ajuste severo en el uso del recurso, con especial impacto sobre el regadío y sobre amplias zonas productivas de Castilla-La Mancha. 

La alarma no ha surgido solo en el plano político. En las últimas semanas, distintas organizaciones agrarias de la región, como UPA, han advertido públicamente de que los primeros documentos de la nueva planificación hidrológica del Guadiana para 2028-2033 apuntan a una reducción generalizada del riego, una denuncia que ha servido de telón de fondo al discurso pronunciado por García-Page en Almansa. También existen antecedentes recientes de oposición de comunidades de regantes de la Mancha Occidental a recortes y restricciones ligados a esa futura planificación.

Con ese contexto, García-Page ha lanzado un mensaje de abierta confrontación institucional. "No estamos para nada de acuerdo. No son ni realistas ni sostenibles socialmente", ha afirmado. El presidente regional ha ido más allá al cuestionar el enfoque técnico y político que hay detrás de estos documentos y ha deslizado que responden a un "fanatismo burocrático" de quienes diseñan desde los despachos una realidad que, a su juicio, no pisan ni comprenden sobre el terreno.

El núcleo de su intervención ha sido una advertencia clara. García-Page ha asegurado que no basta con resoluciones en las Cortes, debates sectoriales o nuevas protestas verbales del Gobierno autonómico. "No voy a descartar que tenga que hacer un llamamiento a todos los implicados para que esta región se movilice", ha señalado, abriendo así la puerta a una respuesta de mayor calado político, social y económico si el proceso sigue avanzando en la dirección actual, ya que el tema "nos preocupa a muchos".

La frase no ha sido menor en una comunidad autónoma donde el agua ha dejado de ser hace tiempo una mera discusión técnica para convertirse en una cuestión estructural, con efectos sobre agricultores, regantes, industrias, abastecimiento humano y desarrollo territorial. De hecho, el presidente castellanomanchego ha insistido en que lo que está en juego no es una reivindicación del "político de turno", sino una preocupación que atraviesa a buena parte de la sociedad regional.

Culpa al Ministerio y a la Comisión Europea

García-Page ha puesto el foco no solo en el Ministerio para la Transición Ecológica, sino también en la propia Comisión Europea, a la que ha pedido una prórroga de la directiva actual del agua para evitar que entre en vigor un nuevo marco que, en sus palabras, sería "catastrófico". Ha defendido que la transición ecológica debe acompasarse con la realidad económica y social de los territorios y ha rechazado una vuelta de tuerca regulatoria que, a su juicio, se está impulsando "fuera de contexto" y sin entender qué ocurre en el campo y en el tejido productivo.

En ese punto, el presidente regional ha dibujado una crítica de amplio espectro que deja en evidencia la incomodidad del PP y de Vox con un asunto en el que acostumbran a agitar consignas, pero rara vez ofrecen soluciones de fondo para Castilla-La Mancha. Page ha llegado a decir que le dará igual quién gobierne, "si la Comisión Europea es del PP europeo, de Vox europeo o de mi partido", en una frase con la que ha tratado de desactivar la tentación partidista y subrayar que, en materia de agua, los intereses de la región deben colocarse por delante de las siglas. 

Advierte de que la zona oriental de Castilla-La Mancha tendrá que usar agua desalada

El presidente también ha deslizado una propuesta de enorme carga política y territorial al advertir de que Castilla-La Mancha podría terminar reclamando para las zonas limítrofes del Levante conexiones con la red de desaladoras, al considerar que esa infraestructura es nacional y que, si existe agua desalada para paliar restricciones en otros puntos, no puede excluirse de ese reparto a una región que no dispone de acceso al mar. "Vamos a terminar necesitando agua del mar", ha llegado a afirmar.

Junto a ello, García-Page ha cargado contra lo que considera una "atrofia burocrática" en la gestión del agua y ha avanzado que planteará que el Estado ceda o encomiende a la comunidad autónoma parte de las funciones de las confederaciones para agilizar expedientes y dar respuesta a los regantes. "Estoy dispuesto a hacerme cargo de los expedientes burocráticos para solucionar problemas a nuestros regantes", ha dicho, reforzando la idea de que la Junta quiere pasar del reproche político a una implicación más directa en la gestión.

La ofensiva lanzada desde Almansa ha dejado así una imagen nítida: Castilla-La Mancha ha entrado ya en fase de choque ante unos planes de cuenca que amenazan con reabrir una de las batallas más sensibles de la región. Y lo ha hecho con un García-Page dispuesto a tensar la cuerda frente al Ministerio, frente a Bruselas y frente a un debate del agua en el que PP y Vox vuelven a aparecer más cómodos en la consigna que en la defensa real, sostenida y compleja de los intereses castellanomanchegos.

El ruido político frente a la defensa institucional del agua

Mientras García-Page ha defendido una posición firme en torno al agua como asunto estratégico para Castilla-La Mancha y sin recalar en los colores políticos, la oposición ha vuelto a evidenciar su desconexión con el consenso regional en esta materia.

El PP de Paco Núñez, lejos de integrarse en los órganos oficiales donde se articula la posición común de la comunidad autónoma, ha optado por impulsar una mesa del agua paralela, al margen de los espacios institucionales, en un movimiento que supone de facto autoexcluirse del consenso hídrico y alinearse con las directrices marcadas desde Génova. Una estrategia que vuelve a situar a los populares más cerca de la confrontación partidista que de la defensa coordinada de los intereses castellanomanchegos en un asunto tan sensible como el agua.

En paralelo, Vox ha llevado el debate a un nivel aún más surrealista. Su líder regional, David Moreno, ha llegado a confundir el Día Mundial del Agua con un inexistente Día Mundial del Vino, dejando una imagen que mezcla desconcierto y falta de rigor en una jornada clave para el futuro hídrico de la región. Una intervención que, más allá de la anécdota, refleja el escaso peso real de sus propuestas en un debate que exige seriedad y conocimiento técnico.