La lucha contra la despoblación avanza a dos velocidades en las dos Castillas. El Gobierno de Emiliano García-Page lleva desde 2021 aplicando una ley que combina incentivos fiscales, medidas para garantizar servicios públicos y apoyo al desarrollo rural. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco llegó a las elecciones de marzo de 2026 sin haber aprobado una legislación específica contra uno de los principales problemas de su comunidad. Una diferencia que entró de lleno en la campaña electoral, cuando el candidato socialista Carlos Martínez señaló a Castilla-La Mancha como ejemplo ante el presidente popular.
El balance castellanomanchego aporta un dato positivo: 4.672 habitantes más en las 26 zonas de aplicación de su estrategia frente a la despoblación, según ha dado a conocer este viernes el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Es la cifra que el Ejecutivo regional vuelve a reivindicar ahora para defender su política rural.
La recuperación contrasta con la evolución acumulada de los pequeños municipios de Castilla y León. Según el balance publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta comunidad se encontraba, junto con Galicia, Asturias y Extremadura, entre las cuatro que seguían perdiendo población en sus pequeños municipios desde 2018. En el conjunto de España, las localidades de menos de 5.000 habitantes habían ganado 163.027 residentes durante ese periodo. Así consta en el análisis ministerial elaborado con datos del INE.
La diferencia política tiene un soporte concreto. La ley impulsada por el Gobierno de Page incorpora deducciones por residencia efectiva en determinados municipios, incentivos para adquirir o rehabilitar vivienda y ayudas fiscales vinculadas al traslado por motivos laborales. También establece medidas sobre servicios básicos y planificación territorial. No se limita a una declaración de intenciones sobre la necesidad de salvar los pueblos: fija instrumentos específicos para intervenir en ellos.
Al cumplirse cinco años de su entrada en vigor, el Ejecutivo castellanomanchego cifró en más de 98.000 los declarantes que se habían beneficiado de las deducciones por vivir en esas localidades en la declaración de la renta del año anterior. Es uno de los resultados de aplicación de la norma que destacó en su balance de junio de 2026.
Ese desarrollo legislativo fue precisamente el que Carlos Martínez utilizó para interpelar a Mañueco durante el debate electoral del 5 de marzo. El candidato socialista le reprochó que Castilla y León siguiera sin una ley contra la despoblación y contrapuso esa ausencia con las medidas desplegadas en Castilla-La Mancha. El modelo de Page se convirtió así en una referencia de la campaña castellanoleonesa.
La iniciativa parlamentaria tampoco había partido del Ejecutivo de Mañueco. En febrero de 2025, las Cortes aceptaron tramitar una proposición de ley contra la despoblación presentada por Soria ¡Ya!, con el apoyo del resto de grupos y la abstención de PP y Vox. Ambos partidos permitieron que comenzara el procedimiento, pero no respaldaron su toma en consideración.
La reclamación continuaba después de las elecciones. En julio de 2026, el colectivo Acción Castilla y León denunciaba que la Ley de Dinamización Demográfica seguía sin ver la luz. La Junta, por su parte, defendía sus programas de conciliación, servicios y transporte gratuito, y anunciaba nuevas actuaciones sobre vivienda y empleo. El contraste, por tanto, está en el retraso de una respuesta legislativa integral, no en una ausencia absoluta de medidas autonómicas.
Mientras tanto, Castilla-La Mancha prepara un nuevo paso. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado este viernes en Sigüenza que el Estatuto del Pequeño Municipio incluirá una normativa urbanística adaptada a las zonas rurales. El Ejecutivo considera que las reglas concebidas para gestionar las plusvalías del desarrollo urbano no responden a las necesidades de los pueblos más pequeños.
El estatuto también abordará la falta de secretarios y de medios técnicos en los ayuntamientos. Para ello, la Junta plantea establecer, junto a las diputaciones provinciales, oficinas de apoyo a la gestión municipal. La propuesta se ha presentado durante el II Foro de Desarrollo Rural de RECAMDER, donde Martínez Guijarro ha reclamado además que la financiación autonómica tenga en cuenta el coste efectivo de prestar servicios públicos en todo el territorio.
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