El futuro industrial de Motilla del Palancar (Cuenca) ha quedado en entredicho tras el anuncio de la multinacional alemana MAHLE, que ha comunicado un ajuste de plantilla que afectará aproximadamente a 550 trabajadores de su planta en esta localidad. El recorte, que se llevará a cabo en distintas fases durante los próximos meses, forma parte de una reestructuración global de la compañía que alcanza también al Centro Tecnológico de Valencia, con la salida prevista de 190 empleados.
La empresa, con sede central en Stuttgart (Alemania), ha justificado la decisión en la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes de producción más bajos de lo esperado en el ámbito de la movilidad eléctrica.
Según el comunicado difundido por Mahle, las instalaciones de producción vinculadas a la electrificación —entre ellas Motilla y Valencia— están “extremadamente infrautilizadas” y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo. Tras evaluar distintos escenarios, la dirección ha concluido que el recorte resulta “inevitable”, si bien ha abierto el periodo de consultas con los representantes sindicales para buscar soluciones “justas y socialmente aceptables” para los trabajadores.
El Gobierno de España mueve ficha
Frente a este anuncio, el Gobierno de España ha movido ficha. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha reunido en Madrid con la dirección internacional de la multinacional con el objetivo de explorar alternativas que permitan minimizar el impacto laboral y productivo de este ajuste. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, participaron también el Comisionado para la Reindustrialización, Jaime Peris, y una delegación de MAHLE encabezada por William Fabre, director de Operaciones de Motor & Drive Systems, y Richard Bargsten, responsable global de Electrónica, acompañados por directivos de Recursos Humanos.
La cita ha contado además con la participación de la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y del secretario autonómico de Industria de la Generalitat Valenciana, Felipe Javier Carrasco, que han puesto sobre la mesa la necesidad de coordinar esfuerzos para sostener tanto el empleo como la capacidad industrial de las plantas afectadas.
Hereu ha recordado a la compañía que el Ejecutivo pondrá a disposición de MAHLE y de los trabajadores “todos los instrumentos de política industrial disponibles” para evitar un impacto irreparable en los territorios afectados. De hecho, el Ministerio ya ha constituido una mesa de seguimiento en la que estarán presentes todas las partes implicadas —empresa, sindicatos y gobiernos autonómicos— con el objetivo de analizar medidas de acompañamiento al empleo y de reindustrialización en ambas comunidades.
Canal de trabajo abierto con los sindicatos
En paralelo, el Ministerio mantiene un canal de trabajo abierto con los sindicatos UGT y CCOO, que ya han mostrado su preocupación por el alcance de este expediente de regulación y han reclamado alternativas que no se traduzcan en la pérdida masiva de puestos de trabajo en zonas como Motilla, donde MAHLE es un actor industrial central.
El ministro ha señalado además que la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación, permitirá afrontar con mayores garantías procesos de reestructuración de estas características, dotando al país de nuevas herramientas para favorecer alternativas industriales sostenibles y evitar deslocalizaciones o cierres traumáticos.
Por su parte, la consejera Patricia Franco ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con las familias afectadas y ha insistido en que el objetivo debe ser doble: amortiguar el impacto en el empleo y, al mismo tiempo, mantener la capacidad productiva de la compañía en la región. Para ello, ha defendido la necesidad de trabajar en un plan de reindustrialización conjunto que explore nuevas líneas de negocio vinculadas a la movilidad sostenible y a la transición energética.
El caso MAHLE vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la industria auxiliar del automóvil en España y la urgencia de políticas de transición que permitan que plantas como la de Motilla no dependan únicamente de decisiones corporativas tomadas a miles de kilómetros. Mientras la dirección de la multinacional insiste en que el ajuste es inevitable, el Gobierno central y los autonómicos tratan de abrir un espacio de negociación que evite que la comarca conquense pierda uno de sus principales motores económicos.
