La Junta de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las críticas de Asaja sobre las restricciones a las labores agrícolas durante los episodios de mayor riesgo de incendios. El Gobierno regional niega que exista una prohibición general para cosechar y sostiene que las medidas vigentes permiten compatibilizar la actividad agraria con la prevención de incendios.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha sido tajante este jueves al responder a las acusaciones de la organización agraria. “El que esté diciendo que no se puede cosechar en la región, miente”, ha afirmado durante un acto en Toledo, donde ha defendido que las condiciones establecidas por la Junta no impiden de forma absoluta la recogida de las cosechas.
La polémica se remonta a la denuncia formulada la pasada semana por Asaja Castilla-La Mancha, que aseguró que el Gobierno autonómico pretendía elevar a rango de ley las limitaciones para realizar determinados trabajos agrícolas cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcanzase niveles muy altos o extremos.
Frente a esta interpretación, Gómez ha negado que el Ejecutivo autonómico esté introduciendo nuevas restricciones. “No hay ninguna medida adicional ni nada que nos hayamos inventado en Castilla-La Mancha”, ha sostenido la consejera, que ha defendido que el contenido de las medidas responde a la regulación que ya se viene aplicando.
La declaración responsable permite continuar con la actividad
Gómez ha puesto como ejemplo las campañas de cereal en Guadalajara y Cuenca, provincias donde la recogida se concentra especialmente durante los meses de julio y agosto y puede coincidir con jornadas de elevado riesgo de propagación de incendios.
La consejera ha reconocido que estas circunstancias pueden generar dificultades de organización para los agricultores, pero ha insistido en que existen mecanismos para poder continuar con los trabajos. “Entiendo que esa situación les pueda provocar algún problema más de organización, pero ellos saben que pueden firmar una declaración responsable con un contenido y que pueden cosechar sin ningún problema”, ha explicado.
La única excepción señalada por Gómez se refiere a las horas centrales del día cuando las condiciones de riesgo así lo establecen. De este modo, la Junta sostiene que el sistema no supone una paralización general de la cosecha, sino la aplicación de medidas preventivas adaptadas al nivel de peligro existente en cada momento.
La responsable de Desarrollo Sostenible ha defendido precisamente que el objetivo de estas medidas no es dificultar la actividad agrícola, sino reducir las posibilidades de que una labor en el campo pueda desencadenar un incendio en jornadas especialmente comprometidas. “No se pretende agobiar ni prohibir ni provocar una situación comprometida”, ha señalado Gómez, antes de reivindicar que las medidas buscan “salvar a nuestros agricultores, salvar sus cosechas” y actuar desde la prevención.
La Junta defiende que no ha endurecido las condiciones
La consejera ha insistido en que Castilla-La Mancha no está actuando al margen del marco normativo existente. A su juicio, las condiciones aplicadas responden a un sistema que pretende adaptar las labores agrícolas a la evolución diaria del riesgo de incendio.
En este sentido, ha rechazado que exista un endurecimiento específico impulsado por el Gobierno regional. “Las mismas palabras y puntos y comas que lo que viene definido ya en la orden que se ha aplicado”, ha reivindicado.
El debate se produce además en un contexto de especial sensibilidad después de los incendios registrados durante el verano en Castilla-La Mancha y de las críticas de las organizaciones agrarias a las limitaciones que afectan a la maquinaria agrícola cuando el riesgo de propagación alcanza los niveles más elevados.
Gómez ha defendido que las restricciones deben entenderse como una herramienta preventiva y no como un impedimento para el desarrollo de la actividad agraria. El objetivo, ha insistido, es encontrar un equilibrio entre la recogida de las cosechas y la reducción del riesgo de incendios en días especialmente peligrosos.
La consejera también ha aclarado que cualquier modificación sustancial del marco actual no dependería exclusivamente de la Junta. En caso de que se produjeran cambios en las condiciones establecidas, ha explicado, tendría que existir previamente una modificación de la normativa estatal. “Si se modificaran esas medidas tiene que ser bajo otro Real Decreto”, ha señalado Gómez, quien ha advertido de que, si el Estado cambiara las reglas actualmente vigentes, Castilla-La Mancha no tendría “más remedio que transponer”.
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