El pulso político por el Estatuto de Castilla-La Mancha sigue escalando tras el bloqueo del Partido Popular a un texto ya pactado por ambas formaciones y aprobado en las Cortes regionales. Un escenario que complica cada vez más que la norma, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, pueda avanzar y salir adelante.

Desde el PSOE continúan intensificando sus críticas contra el Partido Popular por esta situación de bloqueo, de la que responsabilizan directamente a la dirección nacional del partido, al tiempo que cuestionan también el liderazgo de Paco Núñez.

En medio de un cruce de acusaciones, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha denunciado, a través de un mensaje en redes sociales, que el giro del Partido Popular no responde a una decisión autónoma del partido en la región, sino a directrices marcadas desde Génova. “Si a Paco Núñez le importara Castilla-La Mancha, hubiera colgado el teléfono a Miguel Tellado diciéndole que lo pactado con todos va a misa. Castilla-La Mancha no se subordina”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha puesto el foco en la falta de peso político del Partido Popular castellanomanchego dentro de su propia organización. A su juicio, la dirección nacional ha desautorizado a Núñez, un hecho que, según sostiene, no ocurriría en otros territorios. “Lo que ha hecho Génova con la palabra de Núñez no se lo hubieran hecho a Ayuso, Moreno o Bonilla. El PP regional no pinta nada”, ha asegurado.

Nuñez, en el centro de las críticas

Sergio Gutiérrez ha situado directamente a Paco Núñez en el epicentro de la crisis abierta en torno al Estatuto. Según ha planteado, el líder del PP regional ha perdido toda credibilidad tras el cambio de postura de su partido. “Si al PP le importara el Estatuto, tuviera coraje y amor por esta tierra, habría impulsado una moción de censura contra Paco Núñez”, ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en cuestionar su credibilidad: “O ha mentido a Génova o nos ha mentido a toda Castilla-La Mancha; o ha mentido a todos a la vez”, ha señalado.

El dirigente socialista incluso ha ido más allá al asegurar que la alternativa para desbloquear la situación pasaría por un relevo en la dirección del partido. “La única posibilidad de que el Estatuto salga es que el PP de Castilla-La Mancha se haga valer en Génova y, para ello, deben quitar a Núñez de presidente".

Ruptura del consenso

El trasfondo de este enfrentamiento es la decisión del Partido Popular de mantener sus enmiendas al Estatuto en el Congreso, una postura que los socialistas consideran una ruptura del acuerdo alcanzado previamente en la región.

Desde el PP, sin embargo, defienden este cambio de posición. En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente popular Ana Guarinos ha llegado a dar por hecho que el PSOE podría retirar el Estatuto, lamentando que “si le importara el texto, saldría adelante”.

Unas declaraciones que desde el PSOE interpretan como un intento de justificar el bloqueo de una reforma que, recuerdan, ya había sido pactada entre ambas formaciones, aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha y defendida en las Cortes Generales.

Un parlamento infrarrepresentado 

Uno de los puntos clave de la reforma del Estatuto pasaba por corregir la infrarrepresentación de las Cortes de Castilla-La Mancha, que actualmente cuentan con solo 33 diputados para una población que supera los dos millones de habitantes. Estos datos sitúan a la región entre los territorios con menor representación parlamentaria de España.

La comparación con otros parlamentos autonómicos refleja este desequilibrio. Comunidades como Andalucía cuentan con 109 diputados para unos 8,5 millones de habitantes, mientras que la Comunidad de Madrid dispone de 136 escaños para una población de alrededor de 6,8 millones. Canarias, con 2,25 millones de habitantes, cuenta con 70 diputados. Por su parte, Castilla y León, con una población ligeramente superior, tiene 81 escaños, 48 más que Castilla-La Mancha.

Esta infrarrepresentación resulta aún más evidente en regiones con menor población, como Aragón, que cuenta con 67 diputados para 1,3 millones de habitantes, o Extremadura, con 65 escaños para cerca de un millón. También La Rioja, una de las comunidades más pequeña de España, con unos 326.800 habitantes, dispone de 33 diputados, el mismo número que Castilla-La Mancha. Territorios que presentan una representación mucho más amplia en proporción que la región castellanomanchega.

Frente a estos datos, Castilla-La Mancha se mantiene a la cola en número de diputados por habitante, una situación que se arrastra desde la reforma impulsada en 2014 por el Partido Popular durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que recortó el tamaño de la Cámara autonómica. En concreto, el Ejecutivo de los populares redujo el número de diputados regionales de 49 a una horquilla de entre 25 y 35.

El acuerdo inicial entre PSOE y PP para el nuevo Estatuto contemplaba precisamente ampliar esa horquilla hasta un máximo de 55 escaños, con el objetivo de corregir este desequilibrio y mejorar la proporcionalidad del sistema. Sin embargo, el actual bloqueo pone en riesgo una reforma que, entre otras cuestiones, buscaba acercar la representación de Castilla-La Mancha a los estándares de otras comunidades autónomas.