El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su rechazo a que se traslade al Levante el agua que quedó pendiente de trasvasar durante el anterior año hidrológico si no se cumplen las condiciones establecidas en la normativa. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que cualquier derivación debe ajustarse a las reglas que regulan el trasvase Tajo-Segura y tener en cuenta las necesidades de la comunidad autónoma. En este sentido, ha puesto sobre la mesa la situación de las reservas de agua en ambas cuencas y ha recordado que Murcia dispone de desalinizadoras como alternativa de abastecimiento.
A preguntas de los medios de comunicación, Gómez se ha referido también a las últimas declaraciones del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha reclamado al Gobierno de España que los recursos pendientes se envíen "sí o sí" y que estén disponibles lo antes posible.
La consejera ha considerado que estas manifestaciones evidencian el nerviosismo del Ejecutivo murciano ante la situación del agua que todavía no ha podido llegar a su destino. Asimismo, ha aludido a las críticas de López Miras sobre las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura, que, según el presidente murciano, estarían impidiendo que se ejecuten las obras necesarias.
La normativa y el año hidrológico, claves para decidir el envío
Más allá de las reclamaciones del Gobierno murciano, la responsable regional ha insistido en que los recursos pendientes no pueden trasvasarse al margen de las condiciones legales y de los plazos establecidos. La postura de Castilla-La Mancha pasa por comprobar si todavía concurren las circunstancias necesarias para autorizar esos envíos, especialmente teniendo en cuenta que el anterior año hidrológico ya ha concluido.
"La norma es igual para todos", ha subrayado Gómez, que ha advertido de que, si no procede realizar el trasvase porque se ha superado el año hidrológico y no se dan las circunstancias necesarias, el Ejecutivo autonómico estará pendiente de que se respete la legislación.
"Vamos a estar muy vigilantes para que no se incumpla la normativa", ha afirmado la consejera, que ha reclamado que también se valoren las necesidades de Castilla-La Mancha a la hora de tomar decisiones sobre el agua almacenada en los embalses de cabecera.
De esta forma, el Gobierno regional vuelve a defender que la gestión del Tajo-Segura no debe atender exclusivamente a las demandas de las comunidades receptoras, sino que debe considerar también la situación de la cuenca cedente y sus necesidades de abastecimiento.
El Segura tiene el 47,63% de sus reservas
Para argumentar su posición, Mercedes Gómez ha aportado los últimos datos de almacenamiento de agua en las cuencas implicadas. Según las cifras facilitadas por la consejera, los embalses de la cuenca del Segura se encuentran al 47,63% de su capacidad, mientras que Entrepeñas y Buendía están al 45%.
La responsable de Desarrollo Sostenible ha utilizado estos porcentajes para insistir en que deben tenerse en cuenta las circunstancias de ambos territorios antes de decidir sobre el destino de los recursos pendientes. En particular, ha señalado que la Región de Murcia cuenta con otras fuentes de suministro que permiten complementar el agua procedente del trasvase.
En concreto, ha destacado la disponibilidad de plantas desalinizadoras en el territorio murciano, una infraestructura con la que Castilla-La Mancha no cuenta en las mismas condiciones. "Ellos tienen recursos suficientes, más las desalinizadoras que disponen a su alcance, cosa que en Castilla-La Mancha no sucede", ha señalado.
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