La última resolución judicial sobre el Tajo y los caudales ecológicos ha abierto una nueva fase en el debate político del agua en Castilla-La Mancha. Con el Gobierno regional interpretando el fallo como un respaldo a la planificación hidrológica defendida durante los últimos años, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha elevado el tono y ha reclamado al Partido Popular de Castilla-La Mancha una posición clara tras la decisión judicial.
Durante su intervención, Gómez ha cuestionado el silencio del principal partido de la oposición regional después de conocerse el contenido de la sentencia y ha lamentado que no aprovechara el debate parlamentario celebrado recientemente para fijar postura. “Me gustaría escuchar al PP de Castilla-La Mancha, porque ayer tuvo una oportunidad magnífica en las Cortes regionales de hacerlo y no se pronunció”, ha señalado la consejera.
La responsable autonómica ha vinculado además esta ausencia de posicionamiento con el discurso que, a su juicio, han mantenido dirigentes populares en torno al modelo hídrico y al trasvase durante los últimos años.
En este sentido, ha sostenido que la resolución judicial desmonta parte de los argumentos esgrimidos desde otros territorios en el debate del agua. “Esta sentencia demuestra, en primer lugar, que los dirigentes tanto de Valencia como de Murcia han estado engañando a sus ciudadanos y a sus regantes”, ha afirmado.
Mercedes Gómez fue más allá y situó también el foco sobre el papel del PP castellanomanchego en esa estrategia política. Según ha defendido, los dirigentes regionales populares han respaldado públicamente posiciones que, desde el Ejecutivo autonómico, consideran alejadas de los intereses de la comunidad autónoma.
“En el PP de Castilla-La Mancha se han hecho fotos con el señor Bendodo y Feijóo diciendo que la única riqueza y lo que merece la pena en España es la agricultura del Levante español, olvidándose de la de la región”, ha asegurado.
El Gobierno regional reivindica el aval jurídico a su estrategia
Más allá del cruce político, la consejera ha querido presentar la sentencia como un respaldo institucional y jurídico al modelo que el Ejecutivo autonómico viene defendiendo en materia de gestión del agua.
Según ha explicado, el contenido del fallo incorpora los argumentos que Castilla-La Mancha trasladó durante el procedimiento y consolida una interpretación que, a juicio del Gobierno regional, tiene recorrido futuro tanto desde el punto de vista técnico como normativo.
Gómez ha indicado que la resolución “recoge íntegramente” las alegaciones de la Junta y que el tribunal las incorpora como parte de su doctrina.
Para la consejera, este escenario supone además un reconocimiento político a la estrategia impulsada por el presidente regional.
La sentencia, ha defendido, está “marcando doctrina desde el punto de vista técnico y legal, habilitando al presidente Emiliano García-Page como un presidente que defiende los intereses con la legalidad por delante”.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el debate ya no se limita únicamente al volumen de agua disponible o al funcionamiento del trasvase, sino que entra en una etapa donde el peso de los criterios ambientales y del cumplimiento normativo gana protagonismo.
Una “voz única” en torno al agua
Las declaraciones de Gómez se produjeron además en el marco del Consejo Regional del Agua, foro que el Gobierno autonómico quiere reforzar como espacio de coordinación institucional y sectorial.
La consejera ha señalado que la región necesita mantener una posición común para afrontar los próximos debates sobre planificación hidrológica y garantizar recursos para el desarrollo económico.
En esa línea, ha insistido en que la coordinación institucional debe servir para proyectar una posición compartida. “Que nos permita demostrar que Castilla-La Mancha tiene una voz única y que puede defender nuestros intereses, como lo estamos haciendo desde el año 2015 con nuestro presidente Emiliano García-Page en todos los ámbitos, pero sobre todo y fundamentalmente en materia de agua”.
Gómez ha vinculado además esa estrategia con el desarrollo económico del territorio y con el mantenimiento de la actividad agraria e industrial.
También ha señalado que asegurar recursos hídricos para el regadío es compatible con preservar el medio ambiente y fortalecer el tejido productivo regional.
“Defender además los recursos necesarios para seguir modernizando y usando el agua en materia de regadíos en nuestro campo, porque eso es lo que habilita que tengamos una industria agroalimentaria muy potente, que da empleo y que evidentemente fija población”, ha indicado.
Caudales ecológicos e igualdad territorial
Uno de los mensajes centrales de la intervención fue la defensa de los caudales ecológicos como elemento estructural del nuevo modelo hídrico.
La consejera ha insistido en que garantizar un caudal mínimo en los ríos no responde únicamente a objetivos ambientales, sino también a criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial.
“Por supuesto, tiene que haber siempre unos caudales ecológicos establecidos en todos nuestros ríos, porque eso es lo que garantizará que tengamos un agua en cantidad y calidad y que podamos seguir disfrutando de nuestros entornos naturales”.
En el cierre de su intervención, ha vinculado esa idea con una visión más amplia del acceso al recurso hídrico. “El agua es una riqueza que nos hace a todos iguales. Eso es lo que pedimos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha”.
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