Castilla-La Mancha volverá a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una posición de rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que el futuro sistema debe garantizar que las comunidades dispongan de recursos suficientes para mantener los servicios públicos que tienen encomendados y ha cuestionado que la propuesta haya sido negociada con un único territorio.
Durante su participación en un encuentro sobre políticas sanitarias y el Estado de las Autonomías organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ruiz Molina ha situado la financiación autonómica como una pieza fundamental para garantizar la sostenibilidad de servicios como la sanidad.
En este sentido, ha rechazado un sistema cerrado de reparto y ha reclamado que los recursos respondan a las necesidades reales de cada territorio. “Más que un modelo impuesto, lo que pretendemos es que la financiación de las comunidades autónomas refleje realmente el coste de prestar los servicios públicos de nuestra competencia, como puede ser la sanidad”, ha señalado.
El coste de prestar los servicios, en el centro
El responsable de Hacienda ha puesto el foco en las particularidades de Castilla-La Mancha a la hora de garantizar servicios esenciales. La extensión territorial y la distribución de la población condicionan directamente el coste de mantener una red sanitaria, educativa o de servicios sociales capaz de atender a todos los ciudadanos.
Ruiz Molina ha apuntado precisamente a variables como la superficie o la densidad de población como elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de determinar los recursos que recibe cada autonomía.
La reivindicación parte de una premisa que el Ejecutivo de Emiliano García-Page considera fundamental. La financiación no debe limitarse a repartir recursos de manera uniforme, sino que tiene que permitir que las comunidades puedan prestar servicios de calidad con independencia de sus características demográficas y territoriales.
En el caso de Castilla-La Mancha, la dispersión de los núcleos de población y la amplitud del territorio suponen un desafío añadido para mantener infraestructuras y servicios públicos próximos a la ciudadanía.
Rechazo al modelo pactado con un único territorio
La posición de Castilla-La Mancha ante la reforma será, según ha reiterado Ruiz Molina, la misma que mantiene desde que se conoció la propuesta. La Junta rechaza un sistema que considera fruto de una negociación “con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma” y que, a su juicio, puede poner en cuestión el principio de igualdad.
El consejero ha defendido que todas las personas deben contar con servicios públicos de la misma calidad, sin que el territorio en el que vivan determine el nivel de atención que reciben. “Los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, tienen que tener el mismo acceso, el mismo nivel de calidad a los servicios públicos”, ha defendido.
Esta será una de las principales líneas que la delegación castellanomanchega llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el viernes 4 de septiembre.
Castilla-La Mancha pide que el Estado se abstenga
Ruiz Molina ha avanzado además que Castilla-La Mancha solicitará al Estado que se abstenga en la votación que se produzca en el Consejo. La intención es que el resultado de la reunión permita reflejar la posición expresada por las comunidades autónomas y no únicamente los términos del acuerdo alcanzado previamente entre el Ejecutivo central y un territorio concreto.
La petición responde a la defensa de una negociación multilateral, con la participación de todas las comunidades y teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada territorio. Para el Gobierno autonómico, cualquier reforma debe garantizar recursos suficientes para sostener los servicios públicos y preservar la igualdad en su acceso.
La presión creciente sobre la sanidad
El debate sobre los recursos cobra especial relevancia ante la evolución del gasto sanitario. Ruiz Molina ha reconocido que, desde el punto de vista financiero, se muestra “pesimista” si no se producen cambios, ya que la sanidad representa cerca de la mitad del gasto ejecutado por Castilla-La Mancha.
El consejero ha advertido de que el coste de personal, el gasto farmacéutico, la incorporación de nuevos tratamientos y la ampliación de prestaciones están ejerciendo una presión creciente sobre las cuentas autonómicas, mientras las comunidades deben seguir cumpliendo las reglas fiscales.
Por ello, ha planteado revisar el tratamiento del gasto sanitario dentro de estas reglas y ha defendido que, si la salud constituye una prioridad, esa consideración también debería tener reflejo en los límites de gasto.
Ruiz Molina ha añadido que el incremento continuado del coste de las prestaciones obliga a abrir un debate sobre cómo sostener los servicios públicos. En este contexto, ha advertido de que “habrá que replantearse cómo pagamos los impuestos los ciudadanos”, al considerar difícil compatibilizar una reducción permanente de los ingresos con el mantenimiento o ampliación de unas prestaciones sanitarias cada vez más costosas.
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