El juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real ha ordenado el embargo de cualquier prestación económica que perciba o pueda percibir de la Diputación Provincial la diputada de Vox y vicepresidenta quinta, Patricia Saldaña, después de que ésta no haya abonado la indemnización derivada de un despido declarado improcedente en un negocio que regentaba.
El caso, publicado por La Tribuna de Ciudad Real, deja al descubierto un episodio laboral que choca frontalmente con la imagen que Vox trató de proyectar de su candidata antes de las elecciones municipales de 2023. Entonces, cuando Saldaña concurría a la Alcaldía de Poblete, un municipio muy cercano a la capital, el partido la promocionaba como una "solvente gestora, acostumbrada a dirigir equipos, planificar trabajo y optimizar recursos", cualidades que, según el partido, la convertían en el perfil ideal para pilotar un ayuntamiento con medios limitados. Una descripción que contrasta de manera evidente con la realidad judicial, donde queda acreditado que ni gestionó con solvencia, ni planificó, ni optimizó nada, empezando por el pago puntual de los salarios de su propia trabajadora.
Los hechos se remontan a su etapa al frente de una tintorería ubicada en Ciudad Real, un negocio que la actual diputada provincial regentaba cuando se produjeron los retrasos salariales que acabaron ante los tribunales. Una de sus trabajadoras denunció que, entre diciembre de 2023 y junio de 2024, las nóminas se abonaron con semanas de retraso, una situación que se agravó aún más en agosto, cuando el salario no se pagó hasta octubre. Este incumplimiento continuado llevó a la empleada a solicitar la extinción del contrato por vía judicial.
No se presentó al juicio
En enero de este año, el juzgado de lo Social número 2 dictó sentencia estimando la demanda de la trabajadora y declarando improcedente el despido. Un detalle especialmente significativo para el tribunal fue la incomparecencia de Saldaña al juicio, lo que, según el fallo, supuso una especie de reconocimiento implícito de los hechos. En el texto judicial se recoge que esta ausencia injustificada avala el relato de la empleada y confirma la existencia de incumplimientos graves en el pago puntual de los salarios.
La sentencia fijó la cantidad a abonar por parte de la diputada en 28.959,12 euros, correspondientes a la indemnización por despido al constatarse la gravedad del comportamiento empresarial. A esta cifra se sumaron 4.343,86 euros en intereses y costas provisionales, alcanzando un total de 33.302,98 euros que Saldaña está obligada a satisfacer.
Embargo hasta cubrir lo reclamado
Ante el impago, el juzgado ha activado ya varios procedimientos de embargo. La resolución conocida ahora, fechada el pasado viernes, no es la primera, ya que en octubre se cursó otro intento de embargo dirigido a una administración distinta. Sin embargo, en este nuevo decreto de Ejecución de Títulos Judiciales se ordena directamente a la Diputación Provincial de Ciudad Real que retenga cualquier cantidad económica destinada a Saldaña, tanto actual como futura, hasta cubrir el total reclamado. Las cuantías deberán ingresarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal.
El caso supone un notable contraste con el discurso interno de Vox, que en campaña electoral presentaba a Saldaña como un modelo de eficiencia y gestión, atributos que ahora quedan severamente cuestionados por su comportamiento como empleadora. La formación, que a menudo exige ejemplaridad y rigor en el uso de recursos públicos, se enfrenta a un nuevo episodio incómodo relacionado con la conducta de sus propios cargos públicos.
PP y Vox gobiernan juntos la Diputación desde 2023
El contexto político añade un peso evidente al caso. El Partido Popular gobierna la Diputación de Ciudad Real gracias al pacto firmado con Vox tras las elecciones de 2023, un acuerdo que entregó a la formación de extrema derecha dos vicepresidencias dentro del equipo de Gobierno. Una de ellas es la que ocupa Patricia Saldaña, ahora afectada por el embargo judicial por un despido improcedente. La otra recae en María Jesús Pelayo, también nombrada vicepresidenta en virtud de ese reparto de poder. El escándalo laboral que salpica a Saldaña estalla, por tanto, en un momento en el que Vox disfruta de una cuota institucional inédita en la provincia gracias al sostén del PP.
