El Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), gobernado por el Partido Popular con Valentín Bueno como alcalde, ha visto cómo uno de sus principales concejales, Juan José Calero, segundo teniente de alcalde y responsable de las áreas de Juventud, Cultura y Festejos, ha decidido presentarse a una plaza de conserje polivalente convocada por el propio consistorio en el que gobierna.
Según recoge el listado provisional de admitidos publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el pasado 23 de junio de 2025, Juan José Calero Gutiérrez figura con el número 18 entre los aspirantes admitidos para la oposición convocada por el propio Ayuntamiento en el que ostenta cargos ejecutivos.
La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2024, contempla la provisión de una plaza fija mediante concurso-oposición libre, con un contrato a jornada completa y retribución según el puesto recogido en la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio. La fecha del primer ejercicio ya ha sido fijada para el 24 de septiembre.
Calero ha decidido dar un paso poco ético al postularse como aspirante a una plaza fija de conserje polivalente en el mismo Ayuntamiento donde ejerce funciones de gobierno. Una maniobra que, sin necesidad de pronunciamientos jurídicos, alimenta la desconfianza ciudadana hacia la política local.
Conflicto ético y de intereses
Pero más allá de lo administrativo, la polémica se ha instalado por el grave conflicto ético y de intereses que supone que un concejal del equipo de gobierno, con competencias en áreas que afectan a múltiples actividades municipales y acceso privilegiado a la estructura interna del consistorio, opte a un puesto de personal laboral en su misma administración, sin haberse producido ningún tipo de abstención pública ni renuncia previa.
De hecho, según consta en el portal de transparencia municipal, Calero ha declarado ingresos de 24.255 euros brutos anuales como concejal durante 2024, a los que suma 1.139 euros por actividad como autónomo, lo que pone en evidencia que su situación económica y profesional ya está vinculada a los fondos públicos del propio Ayuntamiento.
Percepción de trato de favor
En ningún momento de las bases de la convocatoria, que recoge requisitos formales como el título de ESO o equivalente, experiencia profesional y méritos en cursos relacionados, se establece ningún filtro específico que impida la participación de miembros del equipo de gobierno, una omisión que abre la puerta a posibles favoritismos, o como mínimo, a una percepción ciudadana de trato de favor institucionalizado.
La composición del tribunal calificador añade más controversia. Está presidido por el secretario del Ayuntamiento, e integrado por personal técnico del propio consistorio, en su mayoría funcionarios o laborales fijos del entorno de trabajo directo del concejal ahora aspirante a funcionario laboral fijo.
El caso reabre el debate sobre los vacíos legales que permiten a responsables públicos participar en procesos selectivos dentro de sus propias administraciones, sin que se establezcan barreras claras entre quienes toman decisiones políticas y quienes aspiran a beneficiarse de ellas. Aunque la ley no prohíbe expresamente estas situaciones, la ética pública exige mayor ejemplaridad y separación de funciones, algo que el PP de Villarrobledo parece haber ignorado deliberadamente.
