La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha mostrado su malestar tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada este viernes por el Ministerio de Juventud. La cita, lejos de clarificar el futuro reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, ha dejado en evidencia la insuficiencia de los fondos estatales que el Gobierno de España pone sobre la mesa para afrontar esta crisis humanitaria.
Según García Torijano, el anuncio de 100 millones de euros para financiar la acogida y atención de estos menores resulta del todo insuficiente. "Si te pones a echar las cuentas", ha explicado la titular de Bienestar Social, el coste real de mantener las plazas de atención especializada asciende a unos 250 millones de euros, cifra que ya se había manejado en anteriores planes de contingencia. Con lo propuesto por el ministerio que encabeza Sira Rego, simplemente "se llega hasta donde se llega", sin resolver el problema de fondo.
La consejera ha denunciado que el Gobierno central pretende trasladar un problema de una comunidad autónoma a otras, sin asumir su responsabilidad plena ni dotar a las regiones de los medios necesarios. "Lo que se hace es trasladar un problema de Canarias al resto de comunidades, pero sin los recursos para gestionarlo", ha advertido.
Desde Castilla-La Mancha, se han planteado aportaciones concretas al borrador del decreto que regula estos traslados, centradas especialmente en la garantía de financiación para poder asumir esta tarea sin comprometer el sistema de protección ya existente en la comunidad.
La solidaridad no debe construirse "sobre la precariedad"
García Torijano ha subrayado que la solidaridad entre territorios no puede construirse sobre la precariedad, y ha reclamado que la financiación no se vea como una cuestión secundaria. "El presupuesto no es del Gobierno de España, no es de las comunidades autónomas, el presupuesto es para y por los niños, para sus atenciones y para sus cuidados", ha recalcado.
La titular de Bienestar Social ha reiterado que Castilla-La Mancha está dispuesta a colaborar, pero siempre que la respuesta esté "avalada con toda la financiación necesaria para poder dar servicio y calidad" a los menores. Ha recordado además que el sistema de protección regional no puede debilitarse por la asunción de competencias sin respaldo económico.
En este contexto, García Torijano ha hecho un llamamiento a que la responsabilidad se asuma también a nivel comunitario europeo, y no solo se delegue entre administraciones nacionales o regionales. "Entendemos que hay una crisis migratoria que requiere una respuesta conjunta", ha dicho, advirtiendo que si no se actúa con rigor, se corre el riesgo de deteriorar la atención que ya se presta a otros menores en el sistema.
Pide acordar los criterios de reparto
Por otro lado, la consejera ha confirmado que el Ministerio ha anunciado el inicio de los traslados de menores "este verano". Ante ello, ha reclamado que se convoque una nueva conferencia sectorial en la primera quincena de julio para acordar los criterios de reparto y, sobre todo, la financiación que aún está en el aire. "Parece que ha quedado abierta", ha apuntado.
Finalmente, Castilla-La Mancha ha votado a favor de la propuesta de reparto inmediata para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, reconociendo que estas comunidades están "en una situación delicada". No obstante, ha advertido que el mismo criterio de solidaridad y justicia territorial debe aplicarse también a otras regiones que, como Castilla-La Mancha, podrían verse sobrepasadas si no se resuelve la cuestión financiera.
