El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento, que permitirá ampliar el acceso a las deducciones autonómicas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Ejecutivo regional estima que 30.000 nuevos contribuyentes podrán beneficiarse de estos incentivos fiscales tras la modificación de los límites de renta establecidos para aplicar 20 deducciones.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado los detalles de la norma durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El proyecto acompaña a los presupuestos regionales de 2027, aprobados también en esta sesión, y será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación parlamentaria.
La principal novedad tributaria consiste en ampliar el número de personas que pueden acceder a las deducciones autonómicas ya existentes. Para ello, la Junta elevará los umbrales máximos de renta que condicionan su aplicación, una medida que, según las previsiones del Ejecutivo, permitirá extender estos beneficios a nuevos contribuyentes.
Ruiz Molina ha resumido el cambio al señalar que se "aumentan los límites de renta máxima a las que están sujetas 20 deducciones autonómicas en el IRPF". De esta forma, la reforma no se limita a mantener los incentivos vigentes, sino que busca ampliar el colectivo que puede acogerse a ellos.
Menos burocracia y más alcance para las deducciones
El proyecto de ley se estructura en tres grandes bloques. El primero reúne medidas administrativas relacionadas con la política económica, social y organizativa, además de actuaciones vinculadas a la protección del medioambiente y al funcionamiento de los servicios públicos.
El segundo capítulo incluye medidas de simplificación administrativa y racionalización normativa, con el objetivo de agilizar los procedimientos de la Administración regional y reducir trámites que se consideran innecesarios. El tercero concentra las modificaciones tributarias, entre las que destaca la ampliación de los límites de renta de las deducciones autonómicas del IRPF.
El titular de Hacienda ha defendido que la norma busca mejorar la gestión pública y facilitar la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración. En este sentido, el proyecto incorpora disposiciones para precisar los supuestos en los que se aplica el silencio administrativo desestimatorio y eliminar determinadas autorizaciones que se consideran excesivamente gravosas o innecesarias.
La iniciativa se enmarca en la política de simplificación impulsada por el Gobierno regional y da continuidad a las medidas recogidas en la Ley 4/2025, de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha.
Menos trámites y cambios en la regulación administrativa
Entre las modificaciones administrativas, el proyecto contempla actuaciones para mejorar la prevención y la gestión de los incendios forestales, así como para agilizar los procedimientos relacionados con planes, programas y proyectos sometidos a evaluación ambiental.
También establece la suspensión de nuevas autorizaciones para casinos de juego en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2031. La ley incorpora, además, cambios dirigidos a reforzar la lucha contra la exclusión financiera mediante la modificación del destino que puede darse al Fondo de Promoción y Formación de las cooperativas de crédito.
Otro de los aspectos destacados es la incorporación de la denominada regla de "una por otra" en materia normativa. Esta disposición establece que, cuando se apruebe una nueva norma, deberá valorarse la derogación de al menos otra de igual o inferior rango.
Con este mecanismo, la Junta pretende evitar que la producción normativa acumule obligaciones, costes burocráticos y trámites que puedan resultar innecesarios para empresas y ciudadanos. La iniciativa también refuerza las exigencias de justificación para los órganos colegiados de consulta e informe, tanto cuando se solicite su intervención como cuando se plantee crear uno nuevo.
En este último supuesto, deberá explicarse por qué resulta necesario constituir el órgano y por qué sus funciones no pueden ser asumidas por otro que ya exista.
La aprobación de la Ley de Acompañamiento se ha producido en paralelo a la del proyecto de presupuestos autonómicos para 2027. El Ejecutivo de Emiliano García-Page pretende que ambos textos completen su recorrido parlamentario antes de finalizar el año para que puedan aplicarse desde el comienzo del próximo ejercicio.
Ruiz Molina ha destacado que el Gobierno regional ha presentado ambas iniciativas "en tiempo y forma" y ha defendido que la previsión es que entren en vigor de manera simultánea el 1 de enero de 2027.
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