El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre amenaza con dejar pendiente uno de los asuntos que Emiliano García-Page lleva años situando entre sus principales reivindicaciones frente al Gobierno de España: el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para adaptarlas a los caudales ecológicos del Tajo.
El Ministerio para la Transición Ecológica continúa sin aprobar definitivamente esas normas pese a que los tribunales han ido despejando prácticamente todas las dudas jurídicas. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena contra el Plan Hidrológico del Tajo, salvo una cuestión relativa a la delimitación de superficies regables. Se suma así a una sucesión de resoluciones favorables a la aplicación de los caudales ecológicos.
La posición del Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha limitado, además, a las declaraciones. Page terminó llevando al propio Ejecutivo central a los tribunales por su "inactividad" a la hora de revisar unas reglas que deberían haberse adaptado al nuevo Plan Hidrológico. El recurso contencioso-administrativo fue admitido a trámite esta primavera. "Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo a los tribunales para que se cumplan", llegó a lamentar entonces el presidente regional.
Page, también contra un Gobierno socialista
Ahí reside una de las diferencias que marcarán previsiblemente el debate electoral. Page ha mantenido la misma reivindicación incluso cuando enfrente estaba un Gobierno de su propio partido. Castilla-La Mancha ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que cumpla las resoluciones judiciales y ha terminado denunciándolo cuando ha considerado que los plazos se agotaban.
La Junta ya ha avisado de que esa estrategia continuará después del 29 de noviembre "gobierne quien gobierne". La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que la región utilizará todos los instrumentos políticos y judiciales disponibles y que no dará "ni un paso atrás".
El contraste con el PP resulta mucho más difícil de explicar. Paco Núñez aseguró en agosto que, si gobierna Castilla-La Mancha, "no saldrá ni una gota" hacia el Levante mientras exista un agricultor o ganadero castellanomanchego que necesite agua.
Pero apenas unas semanas después tuvo que responder a su compañero de partido y presidente de Murcia, Fernando López Miras, después de que este anunciara su intención de poner todas las trabas posibles a las nuevas reglas hasta que Feijóo llegue a La Moncloa y pueda retirarlas. Núñez evitó enfrentarse a él y se limitó a justificar que López Miras "defiende los intereses de Murcia".
Una cosa en Toledo y otra en Murcia
El episodio no es aislado. En mayo de 2025, los diputados nacionales del PP elegidos por Castilla-La Mancha votaron en el Congreso a favor de una iniciativa impulsada desde Murcia para aumentar el agua disponible para el Tajo-Segura y revertir parte de los cambios introducidos en la planificación hidrológica. La propuesta cayó por un solo voto.
Meses después, Núñez volvió a quedar atrapado entre el Pacto Regional por el Agua firmado en Castilla-La Mancha y la denominada Declaración de Murcia promovida por los dirigentes territoriales del PP, que apostaba por preservar los trasvases. El propio Page planteó entonces la contradicción de forma directa: "Nadie entiende que aquí firme un pacto y en Murcia otro".
Feijóo tampoco ha aclarado demasiado el panorama. Durante su visita a Albacete en septiembre evitó comprometerse sobre qué haría con el trasvase y los caudales ecológicos si llega a la Presidencia del Gobierno, justo cuando López Miras daba por hecho que un Ejecutivo popular retiraría las nuevas reglas.
Con las normas todavía pendientes y las urnas ya en el horizonte, el agua vuelve así a convertirse en campo de batalla electoral: Page podrá exhibir una estrategia que incluso le ha llevado a enfrentarse judicialmente al Gobierno socialista, mientras Núñez tendrá que explicar cómo encaja su promesa de cerrar el grifo al Levante con un PP murciano que reclama exactamente lo contrario.
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