En el mismo día que el Congreso de los Diputados debate la Proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para prohibir la utilización del burka y el niqab en espacios públicos, la extrema derecha ha sacado adelante en el Parlament balear una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno central la deportación de las personas migrantes que, aunque estén regularizadas, “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge” o hagan del delito leve “su forma de vida”.
La iniciativa llega a la Cámara autonómica después de que los sectores ultras del espectro social en España y en otros países hayan abanderado el término de la “remigración” para posicionarse en contra de la regularización de migrantes y apostar por la devolución masiva de estos a sus países de origen. Lejos de lo que rige en la Ley de Extranjería y de sus disposiciones sobre la expulsión de migrantes, la “remigración” por la que salieron a las calles grupos ultras en Madrid el pasado mes de mayo subraya motivos de integración o adaptación cultural, algo que no queda recogido como causa legal para la devolución.
Con el respaldo parcial a la iniciativa de la extrema derecha, los populares en el Parlament avalan poner fin al conocido como “efecto llamada”, la suspensión de la cooperación con países que no se posicionen de esta forma y no colaboren con la supervisión de los flujos migratorios, otorgar incentivos y bonificaciones para la contratación de españoles, así como imponer una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.
Sin embargo, fruto de la abstención del PP en algunos puntos de la PNL han caído las iniciativas referentes a la “remigración” de todos los migrantes que estén en situación irregular, dar prioridad a los españoles en el acceso a ayudas sociales, suprimir la condición de arraigo como vía para acceder a residencia legal o supeditar el acceso de los migrantes “a sus años de cotización”. En esta línea, los populares han votado en contra de aquellos puntos con los que Vox exigía al Ejecutivo central auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años y eliminárselas a quienes la hubieran obtenido “de manera fraudulenta” y los puntos con los que instaba al Govern balear a hacer informes “que reflejen la prioridad de los trabajadores nacionales frente a la contratación de extranjeros”, eliminar las partidas de cooperación al desarrollo y expresar su rechazo a las políticas migratorias europeas.
Vox insiste en vincular la migración con la inseguridad
Durante su intervención en el debate de la Cámara regional, la portavoz de la extrema derecha, Manuela Cañadas, ha insistido en relacionar los flujos migratorios con la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a la vez que ha señalado las “consecuencias nefastas” y el “coste económico insostenible” de los flujos irregulares, a los que ha acusado de que solo benefician “a las mafias y a quienes buscan votantes porque los han perdido”.
Por parte de los populares, la diputada Cristina Gil ha estructurado el grueso de sus críticas en torno a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado 26 de enero. “Nos oponemos a una inmigración ilegal y masiva. No rechazamos personas, sino un modelo que genera salarios a la baja, satura servicios públicos, dificulta el acceso a la vivienda y perjudica a la convivencia”, ha defendido la diputada del PP durante el debate de la PNL.
Frente a todo ello, el diputado del PSOE Omar Lamin se ha dirigido a la diputada de los populares a quien le ha afeado que su partido haya avalado de forma parcial la iniciativa de la extrema derecha. “Podría haber salido y decir que suscribía el discurso de Vox, porque no ha habido diferencia. Se han vuelto unos racistas de manual. Lo que amenaza la seguridad de este país y de estas Islas son sus postulados de extrema derecha y sus discursos de odio y xenófobos”, ha esgrimido el socialista.
Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha subrayado los bulos de Vox en esta materia, defendiendo que el argumentario de la extrema derecha se basa en principios como que la regularización vaya a provocar un “efecto llamada”.