Pese a las denuncias contra la gestión educativa de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, con unos profesores y sindicatos que han reactivado la huelga y las manifestaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha renunciado a la inyección de 169,8 millones de euros del Estado a través de la contratación de 656 profesores ayudantes doctor durante seis años en los campus universitarios públicos.

A cambio de este gran desembolso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Programa María Goyri, el Ejecutivo autonómico tendría que contratar a otros 435 ayudantes doctor, con una inversión de 112,3 millones de euros durante estos seis años y comprometerse a estabilizar a la totalidad de ellos hasta el final de sus carreras profesionales.

En concreto, el Programa María Goyri contempla la creación de 4.480 plazas de profesor ayudantes doctor en las universidades públicas, de las que el Gobierno de España financiará 2.705 plazas, frente a las 1.775 de las que se harán cargo las autonomías. Los gobiernos que ya han firmado el convenio son los de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia. Lo han hecho para la puesta en marcha de este programa para la incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas, siendo la Comunidad de Madrid la única que no lo ha hecho.

Ante la negativa de Ayuso para acogerse a este programa, la ministra Diana Morant ha enviado una carta a la lideresa madrileña del PP en la que pide su compromiso para suscribirse al programar: “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.

En el mismo sentido, Morant señala que “no es comprensible ni explicable una decisión como esta, ya que perjudica seriamente a las universidades públicas madrileñas al perder la posibilidad de incorporar más de 1.000 profesores” y remarca que su “sorpresa es aún mayor, cuando en este momento hay acuerdo con todas las comunidades menos con la suya”.

La ministra de Ciencia también le ha recortado a Ayuso que la temporalidad en las plantillas de profesorado madrileño alcanza el 47,63%. Por ello, considera que este rechazo a cofinanciar nóminas impide el “rejuvenecimiento y modernización, para garantizar con ello su capacidad de desarrollar con calidad la docencia y la investigación”.

“Las transferencias corrientes de su Gobierno para financiar a las universidades públicas en los 15 años que median entre 2009 y 2024, solo han aumentado un 5%, cuando el IPC registra un aumento acumulado del 34,9%”, ha indicado Morant, añadiendo que “las transferencias por estudiante son un 21% más bajas que la media de todas las universidades públicas españolas, y no llegan ni a la mitad del valor medio de las universidades públicas de la Unión Europea”.

De la misma forma, Diana Morant critica que “las universidades madrileñas ante esta situación trabajan desde el sobresfuerzo de sus equipos directivos y, sobre todo, de su profesorado y de sus trabajadores, intentando mantener el compromiso de estas instituciones con el desarrollo de una docencia de calidad y de una investigación de excelencia”. “Pero las universidades públicas madrileñas no pueden estar permanentemente al límite”, añade.

Frente a ello, los rectores de las universidades públicas madrileñas han intentado presionar a la Consejería de Educación para que firme el programa, ya que denuncian que la partida autonómica está congelada desde 2009, pese a un 34,9% de inflación. “Se va a notar en la docencia y en la investigación. No vamos a poder reponer el profesorado si no se firma el acuerdo María Goyri, con lo cual, puede que haya aulas masificadas”, denunció la vicerrectora de Economía de la Complutense, Begoña García Greciano, en un acto organizado por La Uni en la calle el pasado jueves.

En la Comunidad de Madrid, mientras se asfixia a la universidad pública, se riega de financiación a la privada, algo extrapolable a la educación primaria y secundaria, con un gran auge de los colegios concertados, así como los conciertos con los cheques de la educación infantil, la FP superior o el bachillerato en los centros privados.

Así, en este contexto, los sindicatos han vuelto a convocar una concentración ante la Asamblea de Madrid para este jueves 5 de diciembre. “Ante el ataque del Gobierno de Madrid, defendamos la universidad pública”, reza su lema, recordando a su vez que protagonistas de este desmantelamiento y ahogamiento “primero fue la educación no universitaria, luego la sanidad” y ahora “le toca a la universidad pública”.