El nuevo estatuto de expresidentes y exconsejeros de la Comunidad de Madrid, aprobado en pleno verano, abre una etapa inédita en la política autonómica. El Decreto 59/2025, de 23 de julio, establece que quienes abandonen el Gobierno regional podrán disfrutar de un régimen de beneficios equiparado al de Moncloa: paga del 80% del salario durante dos años, coche oficial con chófer, dos asistentes personales y seguridad garantizada.
La norma supone que Isabel Díaz Ayuso será la primera presidenta madrileña en poder acogerse a unas condiciones que replican las de un expresidente del Gobierno de España y que, además, extiende a sus consejeros un estatus equivalente al de los exministros.
Un decreto en plenas vacaciones
El texto se publicó el 24 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), justo en pleno periodo vacacional, un momento en el que la atención mediática y política suele diluirse. Con él, Madrid se coloca a la cabeza del mapa autonómico en materia de beneficios posmandato, dejando atrás la singularidad de ser, junto a Cantabria, una de las pocas comunidades que carecían de regulación específica.
El contraste no es menor: en 2015, durante el gobierno de Cristina Cifuentes, la presión de Ciudadanos llevó a suprimir el antiguo Consejo Consultivo que garantizaba privilegios vitalicios a los expresidentes. Diez años después, Ayuso reactiva un esquema que multiplica los apoyos y lo hace con una referencia inédita: la Administración del Estado.
La paga del 80%, idéntica a la de exministros
El decreto fija que tanto expresidentes como exconsejeros recibirán, tras dejar el cargo, una compensación económica equivalente al 80% de su retribución durante un máximo de dos años. Se trata exactamente de la misma fórmula que rige para exministros y ex secretarios de Estado.
En cifras, un expresidente madrileño percibirá en torno a 82.000 euros brutos anuales, mientras que los exconsejeros superarán los 88.000 euros si agotan las 24 mensualidades. El derecho se concede siempre que no se ocupe un nuevo empleo remunerado, lo que limita la posibilidad de compatibilizarlo con otra actividad profesional.
Con esta equiparación, Madrid se desmarca de la práctica común en otras comunidades, donde el cálculo se hace con referencia autonómica y con porcentajes inferiores.
Dos asistentes, coche oficial y despacho
El artículo 4 del decreto refuerza el estatus institucional de los expresidentes. Durante dos años —o hasta cuatro si el mandato ha superado la legislatura completa— tendrán a su disposición dos asistentes personales, un despacho en dependencias oficiales y coche oficial con chófer.
Estos recursos, pensados para acompañar su actividad tras el cargo, los sitúan en un nivel que pocas autonomías contemplan. En la mayoría de comunidades, los apoyos personales o logísticos se limitan a oficinas de protocolo o a la posibilidad de integrarse en consejos consultivos.
Además, los expresidentes conservan el tratamiento honorífico de Excelencia y su lugar en el protocolo autonómico, inmediatamente detrás de los miembros en activo del Gobierno.
Uno de los aspectos más llamativos está en el artículo 8, que consagra por escrito el derecho de los expresidentes a disponer de servicios de seguridad y escolta durante al menos cuatro años tras dejar el cargo. Los exconsejeros también podrán recibir protección, aunque en su caso de forma discrecional y siempre en coordinación con el Ministerio del Interior.
Pocas comunidades autónomas recogen este derecho de forma expresa. En la mayoría, como Galicia o Andalucía, la concesión de escolta se decide caso por caso y sin obligación legal. Con esta norma, Madrid institucionaliza un blindaje personal al estilo del Estado, donde los expresidentes del Gobierno disponen de protección de por vida.
Exconsejeros al nivel de ministros
La gran novedad de la regulación madrileña es la inclusión de los exconsejeros en el estatuto. Hasta ahora, en la práctica totalidad de las autonomías solo los expresidentes tenían beneficios reconocidos. Con el nuevo decreto, los consejeros madrileños tendrán un trato económico idéntico al de un exministro: 80% de su salario durante dos años, tratamiento de excelencia y posibilidad de contar con seguridad oficial.
Solo Navarra contemplaba hasta ahora a los exconsejeros en su normativa, aunque con una escala foral más limitada. Madrid rompe con esa tendencia y se convierte en la primera autonomía que eleva a sus consejeros al rango de ministros en lo que a beneficios posmandato se refiere.
Comparación con otras comunidades
La excepcionalidad del modelo madrileño se aprecia al contrastarlo con el resto del mapa autonómico:
- Galicia: expresidentes con 60% del sueldo autonómico; sin cobertura para consejeros. Seguridad discrecional.
- Navarra: sí incluye consejeros, con 80% del salario foral, pero sin seguridad.
- Cataluña y Extremadura: 80% temporal más pensión vitalicia del 60% a cierta edad. Solo expresidentes, sin escolta.
- Andalucía: expresidentes con 60% del sueldo a partir de los 65 años; exconsejeros con 3–12 meses de indemnización. Seguridad a discreción.
- Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana: expresidentes integrados en consejos consultivos en lugar de paga directa. Consejeros sin regulación.
- Resto de autonomías: beneficios honoríficos y protocolares, sin asignación económica ni seguridad regulada.
La publicación del decreto en pleno julio ha alimentado las críticas de la oposición, que ve en la norma un diseño hecho a medida para que la primera beneficiaria sea la propia Ayuso cuando deje la Presidencia. Al mismo tiempo, el Gobierno regional insiste en que su modelo es “más austero” que el de comunidades con pensiones vitalicias, y subraya que ninguna de las ventajas tiene carácter indefinido.
Lo cierto es que Madrid da un paso inédito: ninguna otra comunidad había replicado tan fielmente el modelo estatal ni había elevado a los consejeros al rango de ministros en materia de privilegios posmandato. La norma abre un debate político sobre hasta qué punto estas equiparaciones responden a la necesidad de dignificar la figura de los exdirigentes o, por el contrario, consolidan un sistema de privilegios que la ciudadanía ya cuestionó en el pasado.