Las asociaciones de mujeres exigen a Almeida anular la iniciativa sobre el “síndrome post aborto”: “Atenta contra la salud y el derecho a decidir”

Difundir información sin base científica “atenta contra la salud y el derecho a decidir de las mujeres”. Así lo advierte la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM) en una carta enviada al alcalde José Luis Martínez-Almeida, en la que exige revocar el acuerdo plenario que obliga a informar sobre el llamado “síndrome post aborto”, aprobado el pasado 30 de septiembre con los votos del Partido Popular y la ultraderecha de Vox.

En su escrito, la federación, que agrupa a numerosas asociaciones feministas de la región, subraya que dicho “síndrome” no es una categoría científica reconocida, y que “no se puede obligar a la administración pública a difundir información no veraz, ni a las mujeres a recibirla”. Para la entidad, la iniciativa “mal informa” a las usuarias de los servicios municipales y vulnera su derecho a decidir de forma libre e informada.

“No existe base científica para su difusión”

La FAMCM recuerda que incluso el propio Almeida ha reconocido públicamente que el llamado “síndrome post aborto” no tiene base científica. Pese a ello, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la proposición de Vox que insta a Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, el Samur Social y los Servicios Sociales a ofrecer información permanente —verbal y escrita— sobre esta supuesta afección.

Según la federación, la medida adolece de vicios de nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, y vulnera el artículo 20.1.d de la Constitución Española, que consagra el derecho a recibir información veraz. “Difundir datos falsos o engañosos desde la administración pública constituye una violación de este principio”, denuncia la entidad.

El texto remitido al regidor madrileño detalla que la proposición contradice diversas leyes de rango superior, entre ellas la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, que obliga a los poderes públicos a garantizar información de calidad; la Ley 41/2002 sobre la autonomía del paciente, que exige que la información clínica sea “verdadera y comprensible”; y la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información “clara, veraz y basada en evidencia científica”.

Por todo ello, la FAMCM solicita que el Ayuntamiento inicie una revisión de oficio del acuerdo, amparada en el artículo 106 de la Ley 39/2015, que permite a las administraciones anular actos nulos de pleno derecho. Además, las asociaciones piden una audiencia con el alcalde para trasladarle sus propuestas en materia de derechos sexuales y reproductivos.

“Esperamos que se escuche la voz de las mujeres de Madrid y se garantice que la información que reciben sea siempre veraz y científica”, concluye la carta firmada por la presidenta de la federación, Elena de León Criado.

Una polémica que divide al Ayuntamiento y reabre el debate sobre la información sanitaria

La aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de esta iniciativa, promovida por Vox y respaldada por el PP, ha desatado una fuerte oleada de críticas desde ámbitos sociales, sanitarios y jurídicos. Aunque el alcalde reconoció después que el “síndrome post aborto” no es una categoría científica, la decisión inicial ha abierto un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la responsabilidad institucional y el derecho a la información.

Los grupos de la oposición —Más Madrid y el PSOE— han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para revocar el acuerdo, alegando que vulnera leyes estatales sobre salud sexual y reproductiva. Ambos partidos sostienen que la proposición de Vox convierte al Ayuntamiento en difusor de “propaganda ideológica” contraria a la evidencia médica y al derecho de las mujeres a decidir.

Por su parte, el PP madrileño ha defendido que su voto a favor no significaba asumir el discurso de Vox, sino “garantizar que las mujeres reciban información sobre posibles efectos del aborto”, una posición que ha generado incluso división interna dentro del propio Gobierno municipal.

Más allá del pulso político, el caso ha reabierto una cuestión de fondo: ¿puede una administración difundir información no avalada científicamente? Organizaciones feministas y profesionales sanitarios coinciden en que hacerlo “erosiona la confianza en los servicios públicos” y “pone en riesgo la autonomía de las mujeres”.