La empresa Impersport Profesional S.L. ha denunciado en el Juzgado  de Guardia de Sevilla por presuntos delitos de prevaricación, cohecho  y tráfico de influencias al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido  (PP); al presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET),  José Luis Escañuela, y a la "máxima responsable" del Instituto  Municipal de Deportes (IMD), María José Pedrosa, así como a otras  tres personas, por "fraude" en la adjudicación de las obras para la  construcción de dos pistas de tierra batida de cara a la final de la Copa Davis que se celebrará en la capital hispalense.

Admitida a trámite
Según fuentes de la referida empresa la denuncia fue presentada el pasado viernes ante  el Juzgado de Guardia de Sevilla, "y ya ha sido admitida a trámite".  La denuncia va dirigida también contra el extenista Javier Sánchez  Vicario como administrador de la empresa Greenset Worlwid S.L., que  finalmente resultó adjudicataria del contrato para construir las  pistas; contra el "máximo responsable" de la Asociación para la  Promoción Exterior de Sevilla (Appes), Eduardo Corcuera, y contra el  director general de la RFET, Marcos Romagosa.

127.000 euros de contrato
En la denuncia la empresa  relata que el día 26 de octubre "concertó" con el IMD las obras de construcción de las pistas de tenis para la final de la Davis,  "materializándose dicho acuerdo mediante presupuesto-contrato" de  127.500 euros más IVA aceptado por el coordinador general de la  final, Fernando Borges, "del departamento de contratación" del IMD,  "mediante correo electrónico de igual fecha". En el contrato, la  empresa se comprometía a iniciar las obras el día 7 de noviembre.

Antecedentes en la Davis en Córdoba
"Dicha contratación directa está justificada en la recomendación  efectuada por la RFET", al ser la denunciante "la que había efectuado  las obras de construcción" de las pistas para la semifinal de la  Davis de Córdoba, apunta, añadiendo en la denuncia que "llegada la  fecha del primer pago, el 2 de noviembre, este no se realiza por el  IMD", por lo que la denunciante "es requerida de pago mediante  burofax de 4 de noviembre, excusando telefónicamente la falta de pago  en el hecho de que aún no había firmado el crédito el Ayuntamiento, y  que se efectuaría el 7 de noviembre el pago de los dos primeros  plazos de forma conjunta".

"Obstrucción al comienzo de las obras" 
Tras ello, pasa a analizar la "obstrucción" al comienzo de las  obras, pues narra que a las 8,00 horas del 7 de noviembre, "según lo  acordado y a pesar de que no se había efectuado pago alguno", la  empresa se presentó en el Estadio Olímpico para iniciar la  construcción, para lo que incluso trasladó al personal necesario,  tras lo que comenzó el replanteo de la obra. No obstante, al llegar  los camiones con la maquinaria pesada para el movimiento de tierras,  "se encontraron con la sorpresa de que les impidieron el acceso".

Modificaciones de la contratación
De este modo, y según asegura, se requirió a la empresa  denunciante para que fuera al IMD "a efectos de solicitar  explicaciones" pero, una vez en el referido organismo, Fernando  Borges "explica" que el director general de la RFET "ha contactado  con ellos indicándoles que se han modificado las condiciones de  contratación y que, además de Impersport, existe otra empresa que  puede efectuar las obras, Greenset, y que el Ayuntamiento debería de  ceñirse en su elección a un criterio exclusivamente económico".

Pues bien, según añade, en esa misma reunión se le informó de que  el mismo director general de la RFET, "conocedor de la existencia del  contrato y sus condiciones, le había manifestado que Greenset  realizaría los trabajos por un precio inferior al de Impersport, en  concreto 115.000 euros, en cuyo caso tenia garantizada la  adjudicación pese a saltarse el contrato existente" con la  denunciante.

"Comprometida situación" 
Ante tales circunstancias y la "comprometida" situación "en la que  se encuentra" el IMD, "se indica" a la denunciante que presentara una  nueva oferta económica "reduciendo el precio a fin de poder competir  con Greenset, lo que así se hizo por email" remitido a Fernando  Borges, agregando que, a las 20,00 horas del mismo 7 de noviembre,  "se comunica desde el IMD que, a tenor del contrato-presupuesto  concertado, las obras se realizarán definitivamente por la entidad  denunciante, si bien con la reducción de precio consignado en la  segunda propuesta, con instrucciones expresas de que los trabajadores  y los medios técnicos desplazados permanezcan en la ciudad a fin de  comenzar las obras al día siguiente".

"Concurso express para encubrir la ilegalidad"
La empresa critica que llevó a cabo supuestamente "un concurso  express para encubrir la ilegalidad", ya que, al día siguiente, se  produjo la "nueva sorpresa" cuando se le informó de "que se convoca  concurso público para la ejecución de las pistas, cuyo plazo de  presentación de propuestas expiraba a las 17,00 horas, requiriendo  una serie de documentación y una nueva propuesta económica, todo ello  bajo la excusa de que tenían que cumplir la Ley de Contratos del  Estado".

Situación precaria de la empresa
"Dada la situación precaria en la que se encuentra la denunciante  al tener desplazados desde el día 6 a todo el personal y medios  necesarios para la ejecución se ve en la necesidad de acceder a la  nueva imposición municipal, pese al sinsentido de la situación, y se  prepara la documentación original para presentar por registro",  explica, al tiempo que indica que, más tarde, se informó de la  ampliación del plazo otorgado hasta las 19,00 horas, "ya que Greenset  no podía presentar su propuesta en el plazo por estar en Barcelona y  no darle tiempo a llegar".

"Pantomina"
Tras ello, la denunciante presentó su tercera propuesta económica,  esta vez por importe de 94.580,60 euros "dados los gravísimos  perjuicios ya ocasionados y la irreparable pérdida que le generaría  no hacer finalmente la obra", y preguntó si había habido más  candidaturas o licitadores a la funcionaria del Registro del  Ayuntamiento hispalense, quien "confirmó que nadie más había  presentado documentación". "Sorprende que dicho concurso público no  haya sido publicado en medio alguno y que el plazo se haya ampliado a  conveniencia de una de las partes", asevera.

Obligan a responder en el "plazo de una hora"
Según abunda, sobre las 20,00 horas del día 8 se le comunicó la  adjudicación de las obras para las pistas, lo que fue ratificado al  día siguiente, "pero ante nuestra sorpresa se nos informa que tal  decisión ha de comunicarla por burofax el Ayuntamiento a la RFTE al  objeto de que responda en el plazo de una hora si plantea alguna  objeción, cuestión absolutamente inconcebible tratándose de un  concurso público".

El alcalde contacta con las empresas
Posteriormente, prosigue la denunciante, "se informó que el  alcalde ha hablado con Romagosa y con el presidente de la RFET, y que  estos últimos insisten en que las obras sean realizadas por  Greenset", tras lo que critica que "todo el tema del concurso resultó  ser una pantomima para intentar de un lado anular un contrato ya  concertado y plenamente eficaz con Impersport y, de otro, intentar  dar apariencia de legalidad a un fraudulento concurso hecho 'ex  profeso' para dar entrada a otra empresa por imposición de la RFET".

Por último, pone de manifiesto que el día 10 de noviembre se le ha  comunicado telefónicamente "que finalmente las obras iban a ser  realizadas por Greenset y que comenzarían al día siguiente,  tratándose de una imposición del alcalde".