Sería el segundo caso que se produce en una Facultad de Ciencias de la Educación del sistema universitario andaluz.

El primero fue denunciado en 2011 en la de Sevilla, donde quien había sido su decano, el catedrático de Educación Física y Medalla de Plata al Mérito Deportivo Santiago Romero, fue condenado a siete años de cárcel en 2017 por abusos contra dos profesoras y una becaria.

El segundo caso habría tenido lugar en fechas recientes en la misma facultad de la Universidad de Granada (URG), donde siete alumnas han denunciado a un profesor por supuesto acoso sexual.

Investigación en marcha

La Unidad de Igualdad y Conciliación de la URG, en el marco del Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso, ha abierto una investigación interna que, de confirmar los indicios delictivos, trasladaría automáticamente el caso a la Fiscalía. La rectora, Pilar Aranda, ha prometido ser “totalmente contundente”.

Mientras, estudiantes del campus granadino han convocado una concentración a la una de la tarde de este jueves en la facultad donde imparte clases el presunto depredador sexual, que ha dejado de ir al centro desde que trascendió el caso.

La primera denuncia partió de una alumna cuyo testimonio alentó a las demás a romper su silencio. Según el testimonio de esa primera estudiante, durante una tutoría en su despacho el profesor le habría preguntado si se masturbaba y si necesitaba ayuda para hacerlo, además de sugerirle que se sentara a su lado.

El caso Romero

El caso del catedrático de Sevilla condenado fue desvelado en febrero de 2011 por la periodista Olivia Carballar en el diario Público, aunque los hechos denunciados por las tres víctimas unas semanas ante en el Rectorado se remontaban a varios años atrás.

Una de las víctimas, docente provisional del centro, denunció que mientras trataban sobre el baremo de las plazas de profesorado ayudante, Santiago Romero comenzó a cogerle "reiteradamente la mano hasta llegar a los genitales diciéndole al mismo tiempo dónde y qué debía publicar si quería obtener una plaza".

Aunque tras la presión social y mediática la Universidad obligó finalmente al profesor a dimitir tres meses después de la denuncia, la gestión que el Rectorado hizo del caso no fue precisamente ejemplar.

Le abrió un expediente disciplinario el 19 de enero de 2011 y lo paralizó ese mismo día al enviar el caso a los juzgados ante la gravedad de las denuncias, pero mantuvo a Romero en su puesto y no adoptó ninguna medida cautelar para proteger a las jóvenes, como estas habían pedido en reiteradas ocasiones.