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Hay pueblos que no desaparecen de golpe. No hay un día concreto en el que alguien cierre la puerta, apague las luces y anuncie que aquel lugar ha dejado de existir. Los pueblos pequeños desaparecen lentamente. Un día cierra la sucursal bancaria, otro día deja de pasar el autobús con la frecuencia de antes. Después desaparece una consulta médica, una tienda, una oficina, una escuela o cualquier otro servicio que durante décadas formó parte de la vida cotidiana.
Y casi siempre ocurre de la misma manera que es explicando alguien que ya no resulta rentable. Lo he vivido en ocasiones anteriores y ahora lo veo repetido en otros lares.
Ahora le ha tocado al cajero automático de la entidad bancaria que operaba en la localidad del ajo blanco, la uva pasa y los frutos tropicales.
En El Borge, en plena Axarquía malagueña, entre sierras y frutos tropicales, entre casas blancas y buena gente de piel curtida por el trabajo del campo y el sol mediterráneo, la retirada del cajero de Cajamar ha encendido una preocupación que va mucho más allá de disponer o no de efectivo para los 486 hombres y las 472 mujeres que pueblan la localidad.
El 24,3 % de la población tiene más de 65 años, es decir, aproximadamente 233 personas. Además, la edad media del municipio es de 48,1 años. En mi opinión, es por ello que la desaparición del cajero automático no es simplemente la retirada de un servicio comercial, sino una cuestión que afecta especialmente a una parte importante de la población mayor.
El Ayuntamiento ha buscado alternativas, ha ofrecido gratuitamente espacios municipales, ha planteado soluciones a otras entidades financieras y ha llegado a estudiar la contratación de empresas independientes de cajeros automáticos. Es decir, el consistorio ha intentado rascar en el duro corazón de los bancos y llegar a tocar los sentimientos y fibras sensibles de un segmento empresarial que ni tiene sangre ni latidos al ritmo de los que tenemos los humanos. Parafraseando al poeta Gabriel Celaya se les niega el “pan que necesitamos cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto”.
Todo para que en un pueblo siga existiendo algo que en una ciudad parece tan elemental que ni siquiera merece una reflexión como es el poder disponer de dinero en efectivo sin tener que abandonar el municipio.
¿Qué ocurre cuando la rentabilidad económica empieza a decidir qué servicios puede tener un pueblo y cuáles no? Porque el problema no es únicamente El Borge. El problema es qué modelo de sociedad estamos construyendo.
La lógica de la rentabilidad
Durante décadas, la banca estuvo presente en los pueblos porque formaba parte de su tejido económico y social. La sucursal era un lugar donde se cobraba una pensión, se ingresaba el dinero de una cosecha, se pagaba un recibo, se pedía un préstamo para abrir un negocio o simplemente se hablaba con una persona.
Después llegó la digitalización. Llegaron las aplicaciones, la banca electrónica, los algoritmos, las fusiones, la reducción de oficinas y la concentración de servicios. Y apareció una palabra que comenzó a ocupar cada vez más espacio: rentabilidad.
La lógica empresarial puede resultar perfectamente comprensible desde el punto de vista económico. Una entidad privada busca obtener beneficios. Pero hay una pregunta que pertenece a otro terreno: ¿puede una sociedad abandonar determinados territorios simplemente porque prestar allí servicios resulta menos rentable? Y, sobre todo, ¿quién se hace cargo de las consecuencias?
Porque para un banco, retirar un cajero puede ser una decisión empresarial, pero para una persona de 80 años que necesita desplazarse a otro municipio para sacar dinero, puede convertirse en un problema cotidiano.
Para un pequeño comercio, puede significar perder clientes. Para una persona que no utiliza banca digital, puede suponer una nueva barrera. Y para un pueblo entero puede ser otro paso hacia la pérdida de actividad. El pueblo que deja de ser rentable.
Hay algo profundamente paradójico en todo esto. Los habitantes de los pequeños municipios pagan impuestos, consumen, trabajan, cultivan, producen, mantienen negocios, cuidan el territorio y sostienen buena parte del paisaje rural que después se vende como atractivo turístico.
Pero cuando llega la hora de mantener determinados servicios, aparece una lógica diferente, la de que no hay suficientes habitantes.
El argumento demográfico acaba convirtiéndose así en una especie de profecía. Primero se retiran servicios porque hay pocos habitantes. Después resulta más difícil vivir allí porque faltan servicios. Y finalmente disminuye todavía más la población. Entonces se utiliza esa pérdida de población como argumento para retirar nuevos servicios.
Es un círculo que puede terminar convirtiendo la despoblación en una consecuencia y, al mismo tiempo, en la justificación de la propia despoblación.
El último cajero no es entonces solamente el último cajero. Es un síntoma.
¿Quién sostiene a quién? Hay una pregunta incómoda que debería formar parte de este debate. Cuando una empresa obtiene beneficios en un territorio durante décadas, ¿tiene alguna responsabilidad social hacia ese territorio?
No se trata de negar el derecho de una empresa privada a organizar su actividad. Se trata de preguntarse si el mercado puede ser el único criterio para decidir qué servicios permanecen disponibles para los ciudadanos. Porque hay servicios que quizá nunca serán extraordinariamente rentables.
Una consulta médica en un pequeño municipio difícilmente tendrá el volumen de pacientes de un gran hospital. Una línea de autobús rural nunca tendrá la demanda de una línea urbana. Una oficina bancaria en un pueblo de pocos cientos de habitantes nunca generará los mismos ingresos que una oficina en una capital.
Pero nadie debería medir exclusivamente su utilidad por el beneficio económico que produce.
Hay cosas que sostienen una comunidad precisamente porque existen, aunque no produzcan grandes beneficios. El precio de vivir lejos, la desaparición de servicios tiene además un precio que rara vez aparece en las cuentas de resultados, es el precio del desplazamiento, el tiempo perdido, la dependencia de un coche, la dificultad para las personas mayores, la dependencia de familiares, la pérdida de autonomía, el pequeño comercio que ve marcharse a sus clientes a otro municipio.
Y también una cuestión menos visible: la sensación de abandono.
Porque cuando una persona ve desaparecer progresivamente los servicios de su pueblo, puede terminar recibiendo un mensaje difícil de ignorar: Vivir aquí vale menos. Quizá nadie lo diga explícitamente, pero el mensaje está ahí.
La paradoja del mundo rural
Mientras tanto, las instituciones hablan constantemente de luchar contra la despoblación. Se habla de fijar población y de atraer jóvenes. Se defiende el impulso al emprendimiento y de proteger el comercio local o garantizar servicios públicos y vertebrar el territorio.
Pero la lucha contra la despoblación no puede consistir solamente en convencer a la gente de que permanezca en los pueblos. También significa garantizar que vivir en ellos no implique renunciar progresivamente a derechos y servicios básicos.
Porque nadie puede pedirle a una familia joven que construya su futuro en un municipio donde cada año tiene que desplazarse un poco más lejos para hacer aquello que antes podía hacer a pocos metros de su casa.
El último cajero como metáfora
Por eso la historia de El Borge tiene algo de metáfora. El último cajero podría ser mañana la última sucursal. Después, la última tienda. Después, el último autobús. Después, cualquier otro servicio.
Y quizá algún día descubramos que no fue un gran acontecimiento lo que acabó con el pueblo. Fueron pequeñas desapariciones. Una detrás de otra. Una oficina menos. Un autobús menos. Un médico menos. Un comercio menos. Un cajero menos.
Hasta que un día alguien mire alrededor y se pregunte en qué momento aquel pueblo dejó de ser un lugar donde se podía vivir con normalidad.
La banca y la sociedad. La cuestión de fondo tampoco consiste en demonizar a la banca. Consiste en recordar para qué existe la economía. La economía debería estar al servicio de las personas y de la sociedad, y no únicamente de los balances. Los bancos necesitan beneficios para sobrevivir. Es evidente.
Pero también existe una dimensión social de la actividad financiera que no debería desaparecer detrás de una pantalla, una aplicación o un algoritmo. Porque cuando una entidad financiera decide abandonar un pequeño municipio, los accionistas pueden contemplar una reducción de costes. El pueblo contempla otra cosa. Contempla una puerta que se cierra.
Y quizá por eso la batalla de El Borge no sea realmente una batalla por un cajero. Es una batalla por una idea mucho más antigua y mucho más importante, la idea de que vivir en un pueblo pequeño no debe significar vivir con menos derechos.
Y después del último cajero, ¿qué?
El alcalde de El Borge ha buscado soluciones: una unidad bancaria móvil, la posibilidad de que Unicaja desplace personal desde Almáchar varios días por semana, la utilización gratuita de locales municipales y hasta empresas privadas especializadas en cajeros automáticos.
Son soluciones concretas para un problema concreto. Pero sería un error que todo terminara ahí.
Porque si cada pequeño municipio tiene que negociar individualmente con las entidades financieras para conservar un cajero, quizá el problema ya no sea la ausencia de una máquina.
Quizá el problema sea el modelo. Un modelo en el que determinados territorios solo reciben servicios cuando consiguen demostrar que pueden resultar rentables.
Y un país no puede construirse solamente alrededor de aquello que resulta rentable. También debe construirse alrededor de aquello que resulta necesario. El Borge todavía busca su último cajero.
Quizá deberíamos preguntarnos si, detrás de esa máquina, estamos buscando algo mucho más importante: la última prueba de que nuestros pueblos siguen formando parte del mismo país, con los mismos derechos y con la misma dignidad que quienes viven en las grandes ciudades.
Porque cuando desaparece el último cajero, quizá no sea solamente dinero lo que deja de circular. Quizá también empiece a dejar de circular la vida.



