‘Guerra de copyright’ entre el Partido Socialista y Podemos a cuenta de la fórmula jurídica para reconocer a los empleados públicos de la Junta de Andalucía sus servicios como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. El PSOE sostiene que Podemos le ha plagiado su decreto de convalidación de méritos, que la mayoría gubernamental no logró sacar adelante en el Parlamento la semana pasada, mientras que la formación morada sostiene lo contrario: “No hay plagio. Nuestra propuesta nada tiene que ver con un decreto que fulminaba los principios de mérito y capacidad”. Sin restar relevancia a los argumentos de ambas partes, no deja de ser significativo el hecho de que los dos partidos estén intercambiando sus razones y reproches únicamente a través de los medios de comunicación. No hay ningún tipo de contacto, ni formal ni informal, entre Podemos y el Partido Socialista, lo cual hace todavía más difícil cualquier entendimiento. De hecho, ambos parecen convencidos de que el único propósito del adversario es fastidiarlo a él y engañar a la opinión pública. Podemos está convencido de que el PSOE quiere hacer trampa con su decreto y el PSOE opina que Podemos votó en contra en el Parlamento solo por fastidiar a la presidenta Susana Díaz. LO QUE DICE EL PSOE El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, volvía a acusar este sábado a Podemos de haber "plagiado en los aspectos esenciales" con su proposición de ley el decreto de la Junta, y ello pese a haber votado en contra de la convalidación del mismo en el pasado Pleno del Parlamento, lo que contribuyó a que fuera derogado. Solo votó a favor el PSOE; PP y Podemos votaron en contra e Ciudadanos e IU se abstuvieron. El dirigente socialista considera "de traca" este hecho después de la "pinza" de Podemos con el PP en contra de decreto, ha advertido de que la formación morada "no sabe lo que está haciendo". También critica que Podemos pretenda que su proposición de ley salga adelante por lectura única, lo que implicaría que las formaciones no puedan formular enmiendas y que los sindicatos tampoco puedan pronunciarse durante la tramitación. "Es todo un disparate; Podemos ha perdido la cabeza y el sentido común", haciendo un grave daño a más de 23.000 funcionarios públicos que se veían beneficiados por este decreto, sostiene Jiménez. En su opinión, hay que resolver el problema "pero no generando un problema mayor y un procedimiento que no permite que los sindicatos puedan pronunciarse sobre un tema tan importante". El PSOE busca ahora alguna fórmula para salir del embrollo. "Esperemos que cuando la comuniquemos se rompa esa pinza PP-Podemos y que no se vuelva a caer en un daño gratuito", advertía el portavoz socialista, para quien Podemos podría perfectamente “haber evitado poner en peligro la promoción de miles de trabajadores públicos y las posibilidades de sacar adelante una oferta pública de empleo que es indispensable". LO QUE DICE PODEMOS Podemos, mientras tanto, también tiene un problema político al estar siendo señalado como el responsable de haber tumbado un decreto gubernamental que apoyaba propio sindicato USTEA, el más cercado al partido. El partido admite que el artículo primero de su proposición de ley es, en efecto, similar al del decreto gubernamental, pero asegura que el problema no está en ese artículo primero. Fuentes del partido dijeron a este periódico que “la trampa está en el artículo 2 del decreto que, por supuesto, ha desaparecido de nuestra propuesta”. Por eso insisten que “no hay plagio. Nuestra propuesta nada tiene que ver con un decreto que fulminaba los principios de mérito y capacidad”. Así argumenta Podemos las razones de su rechazo al decreto en el Pleno: “No había una explicación clara de por qué se incluía ese artículo, cuyo efecto habría sido la modificación del art. 54.1 de la Ley de Función Pública y, en consecuencia, una merma de la carrera profesional tanto de funcionarios como de funcionarios interinos”. La formación que dirige Teresa Rodríguez critica que en el decreto de la Junta “la experiencia en la carrera profesional quede reducida a sólo los últimos cinco años como máximo”, al tiempo que desvela la raíz de sus sospechas: “La experiencia profesional vale lo mismo tanto si el puesto desde el que se concursa es definitivo porque se lo ha ganado el funcionario en buena lid en un procedimiento de concurso, como aquellos otros que son adjudicados provisionalmente por la vía digital”. También sostiene Podemos que la disposición transitoria del decreto ley del Gobierno establecía una retroactividad que consideran fraudulenta: “Afectaría a varios procesos de promoción interna abiertos a los que se les cambiarían las reglas a mitad del juego y ello provocaría un aluvión de procedimientos judiciales que serían costosísimos para los afectados y la propia administración y acabaríamos pagándolos de nuestro bolsillo”. Sobre la acusación de tramitar su proposición por lectura única, las fuentes del partido se justifican así: “Entendemos la urgencia de los funcionarios e interinos de ahí que hayamos querido desbloquear cuanto antes los concursos con la propuesta de Ley por lectura única”. Así resume, en definitiva, Podemos su posición: “Desbloqueemos los concursos, que es lo urgente y debatamos todo lo demás”. LO QUE DICE EL SAF El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) culpa al Gobierno andaluz de "intentar confundir a los funcionarios de la Administración General de la Junta con argumentos que no se sostienen”. En un comunicado, su coordinador, José Manuel Mateo, afirma que "no hay sentencias contradictorias, ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ni el Tribunal Supremo han reconocido los servicios previos de los interinos en los concursos de méritos de los funcionarios". Al contrario, asegura: "Sí hay sentencias firmes y que han creado jurisprudencia donde dicen que sí existen razones objetivas para el distinto trato". Desde el Gobierno andaluz, según el SAF, "también intentan confundir con la cuestión europea, pues no existe sentencia firme del TJUE sobre los concursos de méritos", y en cambio "hay una manipulación de una sentencia de una promoción interna, donde un funcionario que no poseía la titulación académica para acceder al grupo superior, la administración se lo convalidaba por años de experiencia, pero nunca en un concurso". Según el representante del SAF, desde la Junta también "intentan confundir a los ciudadanos andaluces vinculando la derogación del Decreto-ley con la no convocatoria de concursos y la no publicación de la oferta pública de empleo ". Y argumenta su acusación así: "Nada más lejos de la legalidad, pues el citado Decreto no anulaba ni modificaba el artículo 44.2 del Decreto 2/2002 Reglamento General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los funcionarios de la Administración General, que establece que las convocatorias de los concursos deberán efectuarse al menos con una periodicidad semestral". LO QUE DICEN CCOO Y CSIF Los sindicatos CSIF y CCOO, que inicialmente apoyaban el decreto, se han mostrado dispuestos a negociar con la Junta sobre la modificación del mismo. Fuentes de CSIF-A se han mostrado "dispuestas a acudir a todos los foros de negociación y diálogo que nos llamen" y han apuntado a Europa Press que ya el sindicato está hablando con otras formaciones sindicales y partidos políticos. No obstante, las fuentes han apuntado que no descartan llevar a cabo movilizaciones "si la situación de parón en el concurso de traslados y en la oferta de empleo público se prolonga en el tiempo". Fuentes del Área Pública de CCOO-A han indicado por su parte que el sindicato "siempre acudirá a todas las mesas de negociación que nos convoquen", aunque han dejado claro que van a impulsar "algún tipo de movilización o acto de unidad sindical para que se convoque el concurso de traslado y la oferta de empleo público".