No ha sido un jarro de agua fría sino más bien de agua hirviente en plena ola de calor. La noticia la adelantaba a primera de la mañana la Cadena SER: el Tribunal Supremo confirma en líneas generales la durísima sentencia de la Audencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE. Aunque el contenido se conocerá en septiembre, hoy se adelanta el contenido del fallo, según el acual el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñan deberá ingresar en prisión y su antecesor en el cargo Manuel Chaves quedará inhabilitado durante nueve años.

La revisión de la sentencia de Sevilla ha dividido profundamente al tribunal. Dos magistradas de los cinco que lo componen han emitido un voto particular estimando los rescursos de José Antonio Griñán Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo. Entienden las dos magistradas que todos ellos deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.

Precisamente fuentes de las defensas mencionaban recientemente a El Plural que tenían pocas esperanzas de que el Supremo "pinchara" la sentencia de Sevilla, aunque sí confiaban en que hubiera algún voto particular, lo que en teoría podría abrir una vía para acudir bien al Constitucional, bien a la justicia europea.

El Supremo absuelve a los exsecretarios de Trabajo Lourdes Medina, Juan Sánchez y Javier Aguado y rebaja la condena al exdirector de Trabajo Juan Márquez. El voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer sostiene, tal como argumentaban las defensas, que no ha quedado acreditado que los dirigentes políticos cuyos recursos han sido estimados por ambas conocieran el delito de malversación.

Reproducimos a continuación la nota íntegra difundida esta mañana por el alto tribunal:

"El tribunal de la Sala II del Tribunal Supremo compuesto por los/as Excmos/as. Sres/as. Magistrados/as don Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre (Presidente), doña Ana Ferrer García, doña Susana Polo García, doña Carmen Lamela Díez y don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (Ponente) ha concluido la deliberación de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia 490/2019, de 19 de noviembre de 2019, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (Caso ERE).

En atención a la relevancia pública del caso y como en otras ocasiones similares el tribunal procede a anticipar el fallo de su sentencia.

Estimando totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos y desestimando los restantes recursos, ha acordado por mayoría de sus miembros anular la sentencia de primera instancia, dictando nueva sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1. ABSOLVEMOS del delito continuado de prevaricación administrativa a don JAVIER AGUADO HINOJAL, a don JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA y a doña LOURDES MEDINA VARO, declarando de oficio las costas procesales de primera instancia y las derivadas de sus recursos de casación.

2. CONDENAMOS a don JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS, como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones, imponiéndole la pena de prisión de TRES AÑOS, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de SIETE AÑOS Y SEIS MESES, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, con imposición de las 2/37 partes de las costas procesales de primera instancia y declarando de oficio las causadas con su recurso de casación.

3. Se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada.

El texto íntegro de la sentencia será publicado una vez se redacte el voto discrepante anunciado por las Excelentísimas Señoras Magistradas doña Ana Ferrer García y doña Susana Polo García. En dicho voto se considera que también deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por don Miguel Ángel Serrano Aguilar, don Jesús María Rodríguez Román, don Francisco Vallejo Serrano, doña Carmen Martínez Aguayo y don José Antonio Griñán Martínez y que, anulada la sentencia de instancia, estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos".

Queda así avalada la decisión de la Audiencia de Sevilla que envió a prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Vieira y Carmen Martínez Aguayo. La Audiencia de Sevilla les impuso penas de entre seis y ocho años por un delito de malversación. El expresidente Manuel Chaves fue condenado a una pena de inhabilitación de nueve años por prevaricación.

En el trámite de recursos, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que confirmara la sentencia que las defensas calificaron de "arbitraria, profundamente desacertada y carente de rigor jurídico".

El abogado defensor de Manuel Chaves argumentó en su recurso que las decisiones juzgadas en el caso de los ERE no eran administrativas sino políticas y deberían, por tanto, quedar fuera del radio de acción de los tribunales: "Quedan excluidos los actos políticos o de Gobierno, [pues] según el Constitucional no toda actuación del Gobierno está sujeta al derecho administrativo, como no lo está enviar un proyecto de ley. Ya sea por una vía o por otra es imposible subsumir esos acuerdos en el concepto de resolución en asunto administrativo”.

Las condenas de la Audiencia de Sevilla

Como se sabe, las penas más altas impuestas por la Audiencia de Sevilla fueron para el ya fallecido exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, condenado a ocho años de cárcel y a veinte años de inhabilitación, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación, y para el exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo, condenado a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación.

A penas similares fueron condenados Antonio Fernández y José Antonio Viera, exconsejeros de Empleo, Agustín Barberá, viceconsejero de Trabajo en el mismo periodo, y Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2008 y 2019. Los tres fueron condenados a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por malversación, si bien en el caso de Márquez el Supremo ha rebajado la condena de cárcel a tres años.

Además del presidente Griñán, también fue condenado a 6 años de cárcel e inhabilitación por 15 años el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez. Igualmente, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano fue condenado a 6 años y medio de prisión y 17 años de inhabilitación.

La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo recibió una condena de seis años de prisión por un delito continuado de malversación y diez años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación.

El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías fue condenado a 10 años de inhabilitación al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación y la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

También fueron inhabilitados, por 9 años, el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, el exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado, la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, y el exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, aunque estos tres últimos han sido absueltos por el Supremo.