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El PSOE de Granada ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Junta de Andalucía está derivando pacientes granadinos y granadinas a clínicas privadas de Murcia para la realización de pruebas diagnósticas por contratos que pueden alcanzar un valor total de hasta 27 millones de euros. Mientras tanto, el SAS arguye que es "rotundamente falso que se hayan derivado" pacientes a una clínica privada de Murcia. Según la consejería, el contrato marco al que hacen referencia los socialistas solo incluye una empresa con sede social en Murcia, pero que prestará su servicio en Guadix y Baza.
El acuerdo que ha suscitado esta polémica es el que ha licitado el SAS, y que puede consultarse en el perfil de contratación pública de la Junta de Andalucía, por el que se "fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria de realización de pruebas diagnósticas a usuarios del SAS de la provincia de Granada en centros sanitarios y servicios de la provincia de Granada y provincias limítrofes".
Es precisamente en ese punto donde el PSOE de Granada ha puesto en alerta a los granadinos y granadinas, alertando de que a partir de este acuerdo, cuyo gasto máximo total previsto por la Junta de Andalucía alcanza los 62.517.508 euros, en el caso de que se agotaran todas las prórrogas y plazos posibles, podrán ser derivados a realizarse pruebas diagnósticas a "provincias limítrofes", como podría ser el caso de Murcia, tal y como ha denunciado la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, o el de Córdoba, por ejemplo.
El acuerdo está compuesto por una serie de lotes donde la mayoría de las empresas homologadas son andaluzas (tan solo hay una con sede fiscal en Murcia) y granadinas, pero como advertíamos también hay una empresa con sede fiscal en Córdoba que forma parte de uno de los lotes para prestar dichos servicios para el SAS.
Fuentes de la consejería matizan que, simplemente, en el caso de estas empresas con sede fiscal fuera de Granada no implica que los servicios se presten en estos lugares y que "en el caso de que se llegase a hacer algún contrato con esta empresa, las pruebas se derivarían a Guadix, nunca a Murcia".
Prieto, que ha lamentado que el gobierno andaluz “ya no se conforme con enriquecer a la privada de Granada”, se ha preguntado “qué listas de espera habrá para que ya no sea suficiente atender la demanda con la capacidad de los hospitales públicos y de la privada de Granada”, sino que se concerten pruebas, lecturas e informes diagnósticos con "clínicas privadas de la región vecina". Por ello, ha pedido a Moreno que saque a la luz la lista de espera de pruebas diagnósticas en la provincia.
“Moreno Bonilla tiene escondidas las listas de espera de pruebas diagnósticas desde 2019. Tanto, que el Consejo de Transparencia le ha dado diez días al SAS para que publique esos datos”, ha esbozado.
Prieto se refiere a la resolución del Consejo de Transparencia del pasado 25 de septiembre, por el que otorgaba un "plazo improrrogable" de diez días al SAS para que publique los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas en la comunidad autónoma. La resolución, firmada por el director del organismo, Jesús Jiménez, responde a una reclamación presentada por la vía administrativa por un ciudadano en septiembre de 2025, después de que la administración sanitaria rechazara suministrar unos registros detallados que permanecen opacos desde el año 2019.
El pasado 21 de julio de 2025 este ciudadano solicitó al SAS el estado actualizado de las listas de espera de procedimientos diagnósticos a nivel provincial, desglosadas por tramos, tiempos medios de respuesta y especialidades. Esta petición llegó tras trascender la anulación del procedimiento para la contratación de un polémico acuerdo marco con empresas privadas destinado a derivar asistencia sanitaria complementaria.
Ante esta solicitud, la respuesta del SAS, emitida el 19 de agosto de 2025, consistió en alegar que el organismo "no cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada" en los términos requeridos. Una contestación que el reclamante calificó de "sorprendente", al considerar inaceptable que un sistema sanitario público carezca de elementos tan básicos de planificación y control asistencial.
