La investigación y la tensión política debido a los contratos de emergencia sanitarios ejecutados por el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla continúa candente. Y es que a nivel parlamentario la oposición trata de conocer el grado de implicación del Consejo ejecutivo autonómico en este caso.

En voz del coordinador del Grupo Parlamentario Socialista andaluz, Rafael Márquez, la formación exige que el Palacio de San Telmo aporte “transparencia” en su papel en la contratación “a dedo” de estos contratos de emergencia de la pandemia en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y que perduraron hasta 2023. De esta manera, instan a que se tenga “máxima colaboración con la justicia” en las diligencias abiertas sobre el caso en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla.

Los socialistas consideran así “clave” conocer “el grado de participación del Consejo de Gobierno en todo este entramado de contratos a dedo”, siguiendo las mismas solicitudes del juzgado instructor. Sumado a ello, otro apunte que perciben como “tremendamente grave” en caso de que se confirme se refiere a, “si ante el descontrol que constatan los informes de la intervención y ante la falta de actos de comprobación exigidos por la ley, las clínicas privadas han facturado servicios que, realmente, no fueron prestados”, ahonda Márquez.

Sosteniéndose así en los informes de la intervención de la Junta de Moreno Bonilla, los socialistas andaluces remarcan la “evidencia” de que “se creó un sistema de contratación paralelo al legalmente establecido en el que se han derivado cientos de millones de dinero público a la sanidad privada”.

Así las cosas, y de confirmarse los servicios facturados, el PSOE andaluz insiste: “Sería tremendamente grave y preocupante, eso exige la máxima transparencia del Gobierno de Moreno Bonilla”.

Anticorrupción apuntó a “19 expedientes demoledores”

Bajo el mismo telón de fondo, la Fiscalía Anticorrupción se refirió en noviembre a dichos contratos de emergencia del SAS, valorados en un montante de 243 millones de euros, y sobre los que apuntó al “mismísimo consejo de Gobierno” de Moreno Bonilla y, en aras de esclarecer la gestión sobre los mismos durante la crisis de la pandemia en 2020 hacia delante, reclamaron “la totalidad de los informes y acuerdos” por los que se procedió a eliminar los controles previos para dichas adjudicaciones.

En el informe de la intervención de la Junta de Andalucía entre 2022 y 2023, del que también se hizo eco el PSOE-A, se hacía mención a que “no se respetó la legislación vigente”, ahondando así en que hay hasta 19 informes “demoledores” que dan cuenta de que la cuestión es de “enorme gravedad, con un grosero menosprecio a la legalidad y un claro menoscabo a los recursos públicos”.

Presunta prevaricación en el SAS

Esta causa judicial es una de las que más ponen en entredicho la gestión sanitaria de Moreno Bonilla en Andalucía, más aún con la emergencia del coronavirus hace años atrás y que aún sigue en trámites de investigación. De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción continúa estudiando si se cometió “un desvío masivo e irregular a dedo de cientos de millones de euros”.

Para ser más exactos, se encuentran bajo lupa judicial hasta 79 contratos con clínicas privados que fueron firmados en enero de 2021 por el entonces máximo dirigente del SAS, Miguel Ángel Guzmán. Según fueron pasando los meses, las prórrogas y apéndices de las adjudicaciones se convirtieron en una metodología habitual. Con este telón de fondo, actualmente se encuentran tres directivos del SAS imputados:  la actual jefa del organismo, Valle García; y sus dos antecesores: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.