La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La sentencia dictamina que Sánchez es culpable como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa en el marco de su proceso de contratación.
Esta resolución judicial ha provocado una cascada de reacciones inmediatas en el panorama político nacional, y también andaluz, evidenciando una profunda brecha en la interpretación del fallo según el espectro político, que va desde la cautela y el respeto institucional de la Junta de Andalucía hasta la indignación y las acusaciones de "descrédito judicial" por parte de la izquierda.
El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha valorado la noticia desde Salobreña (Granada), apelando al "máximo respeto" hacia la sentencia judicial. El líder popular ha destacado que el fallo es el resultado de un procedimiento que, a su juicio, ha sido "largo" y "muy garantista".
Para Moreno, la condena confirma "lo que se sospechaba" y pone de manifiesto una situación que ha calificado de "muy fea", advirtiendo que este tipo de casos "deteriora la imagen de los servidores públicos y de los servicios públicos".
Por otro lado y desde el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha mostrado su rechazo frontal a la condena. Aunque ha matizado que aún debe leer la sentencia "en profundidad", ha asegurado conocer bien el caso y ha defendido que "requería la absolución inmediata".
Montero ha argumentado que durante el juicio no se aportaron pruebas -"las 'no pruebas'", llegó a decir- que demostraran ninguna irregularidad en la contratación de David Sánchez. En esta línea, ha comparado la situación con el caso del Fiscal General del Estado y ha deslizado críticas hacia la judicatura, lamentando lo que "algunos jueces están haciendo con la Administración de la Justicia", aunque los ha circunscrito a "casos anecdóticos".
Asimismo, el líder de la coalición Por Andalucía y Coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha hecho directamente referencia a una de las frases más repetidas en los últimos meses y que fue pronunciada por otro expresidente del Gobierno del PP, en este caso, José María Aznar, aunque también tiene tintes de Rajoy. Con la frase "el que pueda hacer que haga", Maíllo ha enmarcado la sentencia como su "máxima expresión" y ha tachado la condena de "disparate" y "auténtica barbaridad".
En un tono de denuncia de lo que considera lawfare, el dirigente ha afirmado que este fallo supone un "nuevo descrédito para el poder judicial de nuestro país". Además, ha lanzado una advertencia y un llamamiento a las fuerzas progresistas: "¿Alguien duda todavía? Urge avanzar en la democratización del Estado. Aceleremos: ellos no se van a detener".
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
