La violencia de género continúa dejando una profunda huella en Andalucía. Actualmente, 15.000 madres en la comunidad viven bajo protección policial tras haber denunciado situaciones de violencia por parte de sus parejas o exparejas.
Estas mujeres forman parte de los casos activos registrados en el sistema de seguimiento integral de violencia de género, conocido como VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior que coordina a cuerpos policiales e instituciones para evaluar el riesgo y garantizar la seguridad de las víctimas.
Así, los datos muestran que una parte significativa de las mujeres protegidas tiene hijos a su cargo, lo que convierte la violencia machista no solo en un problema que afecta a las víctimas directas, sino también a miles de menores que crecen en entornos marcados por el miedo, la amenaza o la violencia. En muchos de estos casos, los menores también deben ser protegidos por las autoridades ante el riesgo de violencia vicaria o de sufrir agresiones derivadas de la situación de maltrato.
El perfil de las víctimas
El análisis de los datos permite dibujar un perfil predominante entre las mujeres protegidas por violencia de género en Andalucía. La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 31 y 45 años, una franja de edad en la que se concentran muchos casos registrados en el sistema VioGén. En muchos casos se trata de mujeres que convivían con su agresor o habían mantenido una relación estable con él.
También es frecuente que las víctimas tengan uno o varios hijos a su cargo, lo que complica aún más el proceso de salida de la violencia. La dependencia económica, la falta de redes de apoyo o el temor por la seguridad de los menores son factores que pueden dificultar la ruptura definitiva con el agresor. Asimismo, los expertos señalan que la violencia machista suele desarrollarse en contextos de control progresivo, aislamiento social y dependencia emocional o económica, lo que explica por qué muchas víctimas tardan años en denunciar.
Del mismo modo, el sistema VioGén clasifica los casos de violencia de género en diferentes niveles de riesgo que determinan las medidas de protección necesarias. Estos niveles van desde riesgo bajo hasta riesgo extremo y cada uno implica distintos protocolos de vigilancia policial y seguimiento institucional.
En los casos de mayor gravedad, las víctimas pueden contar con vigilancia permanente, control del agresor mediante dispositivos telemáticos o medidas judiciales como órdenes de alejamiento. Aunque la mayoría de los casos se sitúan en niveles de riesgo bajo o medio, existen también situaciones consideradas de alto riesgo o riesgo extremo, en las que la vida de la víctima puede estar seriamente amenazada. En estos escenarios, la actuación rápida de las autoridades y el seguimiento constante se convierten en elementos clave para evitar agresiones o feminicidios.
Andalucía entre las comunidades con más casos
Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor número de casos activos de violencia de género registrados en el sistema VioGén. La combinación de factores como la población, las desigualdades económicas o la persistencia de patrones culturales machistas contribuye a que la región concentre una parte significativa de las denuncias y de las víctimas protegidas en España.
Las cifras reflejan también un aumento de las llamadas al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, así como un incremento en el número de denuncias en los últimos años. Esto no siempre implica que haya más violencia, sino que cada vez más mujeres se animan a denunciar y a buscar ayuda institucional.
Uno de los aspectos más preocupantes de la violencia de género es su impacto sobre los hijos de las víctimas. Miles de menores en Andalucía viven en hogares donde se ha producido o se produce violencia machista. En muchos casos, los niños y niñas son testigos directos de las agresiones, lo que puede provocar consecuencias psicológicas y emocionales a largo plazo.
La situación de las madres que crían solas a sus hijos se ha convertido en uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales que persisten en la sociedad. La combinación de precariedad laboral, altos costes de vivienda y responsabilidades familiares sitúa a muchas de estas mujeres en una posición especialmente vulnerable.
Igualmente, las administraciones públicas y las organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las políticas de protección y apoyo para estas familias, incluyendo recursos de atención psicológica, programas de acompañamiento y medidas que garanticen la seguridad de los menores.
Un problema estructural
A pesar de los avances en materia legislativa y de protección institucional, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas sociales más graves en España. Los especialistas recuerdan que combatir esta violencia requiere no solo medidas policiales o judiciales, sino también políticas de prevención, educación en igualdad y recursos sociales suficientes para apoyar a las víctimas.
Mientras tanto, miles de mujeres en Andalucía continúan viviendo bajo protección policial para garantizar su seguridad frente a sus agresores. Detrás de cada una de estas cifras hay historias de violencia, pero también de resistencia y de mujeres que han decidido denunciar para intentar reconstruir sus vidas lejos del maltrato.
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