La gestión sanitaria es el elefante en la habitación del Gobierno de Moreno Bonilla. Ahora, un juzgado de Cádiz, que ya investigaba el troceo de contratos menores con clínicas privadas y a dedo por parte del Gobierno del PP, ha abierto paralelamente una nueva investigación en la que realizará un control sobre los contratos de emergencia que el PP realizó en los años posteriores a la pandemia. Para ello, ha citado a declarar como testigos, además, al gerente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Sebastián Quintero, o al delegado de Compra del SAS en Cádiz, Demetrio González.
Mientras, en Córdoba, otro juez investiga a la actual gerente del SAS, Valle García, que entonces era gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdobda - Hospital Universitario Reina Sofía, por otro fraccionamiento masivo de contratos menores y de emergencia y sus prórrogas correspondientes.
El PP ha celebrado el archivo de su causa en Sevilla donde, mientras el juez veía actuaciones irregulares y que iban contra la ley, no veía delito. En esta parte, nos servimos de unas declaraciones de la diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto: "Hay que tener el umbral de la ética muy bajito para sacar pecho y celebrar que un juez diga que has vulnerado la ley pero que no eres delincuente".
Ahora todo se trata de relato político, dice el PP, pero la realidad social contrasta con el relato triunfalista del Gobierno de Moreno. Los datos lo advierten: 2 millones de personas en listas de espera, la media para ser atendido en un centro de salud se ha disparado, al mismo tiempo que la financiación a clínicas y hospitales privados, 4.600 millones de euros bajo el Ejecutivo del PP.
Los andaluces, según el último Centra, ya perciben la sanidad como el problema que más les afecta y el colapso que se vive en navidades o en verano muestra las costuras de un sistema sanitario público innegablemente esquilmado.