La víspera del debate de investidura de Moreno Bonilla ha elevado la tensión política en Andalucía. El PSOE-A ha acusado al presidente de la Junta en funciones de ocultar el verdadero alcance de su acuerdo con Vox y le ha exigido que aproveche su intervención ante el Parlamento para "decir la verdad" sobre el futuro de la legislatura, especialmente en cuestiones como la sanidad pública, la educación, la vivienda o los servicios sociales.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha asegurado este domingo que el pacto entre el PP y la formación de Santiago Abascal está "cerrado desde el 17 de mayo", fecha de las elecciones autonómicas, y ha rechazado que las negociaciones que ambas formaciones mantienen desde entonces respondan a una dificultad real para alcanzar un acuerdo.

Según la dirigente socialista, el debate de investidura servirá para comprobar hasta qué punto Moreno Bonilla está dispuesto a asumir las condiciones de la extrema derecha para conservar la Presidencia de la Junta. "Lo que esperamos es que, por una vez en su vida, diga la verdad", ha afirmado Márquez, quien ha reclamado explicaciones sobre las políticas que pretende desarrollar durante los próximos cuatro años.

La diputada ha reprochado además al presidente andaluz que, durante sus dos anteriores mandatos, haya utilizado la Junta principalmente para confrontar con el Gobierno de España en lugar de desarrollar las competencias propias de la comunidad autónoma. A su juicio, la gestión del Ejecutivo popular ha estado marcada por "la propaganda y el postureo" y no por la resolución de los problemas que afectan a la ciudadanía andaluza.

El PSOE sostiene que el acuerdo se negoció en Madrid

Una de las principales acusaciones lanzadas por el PSOE-A se centra en el origen de las conversaciones entre PP y Vox. María Márquez sostiene que el acuerdo no se está negociando realmente en Andalucía, sino que quedó pactado desde el primer momento en los despachos nacionales de ambas formaciones.

"Todo el mundo sabe que este pacto está cerrado desde Madrid, donde Moreno Bonilla está firmando el futuro de Andalucía directamente de la mano de Abascal", ha asegurado la portavoz socialista, quien considera que la discreción mantenida por ambos partidos durante las últimas semanas responde únicamente a una estrategia política.

Las declaraciones llegan después de varios días de contactos entre los equipos negociadores del PP y Vox, que han evitado ofrecer detalles sobre el contenido de las conversaciones pese a la cercanía del debate parlamentario.

Por su parte, Moreno necesita el respaldo de Vox para ser investido presidente, ya que el PP obtuvo 53 diputados en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos de la mayoría absoluta fijada en 55 escaños. Si no logra ese apoyo en la primera votación prevista tras el debate, el Estatuto de Autonomía contempla una segunda votación 48 horas después, en la que bastaría con una mayoría simple.

Mientras tanto, ambas formaciones han mantenido un estricto silencio sobre las posibles cesiones incluidas en el acuerdo, alimentando las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar Vox durante la próxima legislatura.

Los socialistas alertan de nuevas privatizaciones

El PSOE considera que el entendimiento entre PP y Vox va mucho más allá de una simple investidura y advierte de que marcará la orientación política del próximo Gobierno andaluz.

Igualmente, María Márquez ha recordado que Moreno Bonilla ya fue en 2018 el primer presidente autonómico en alcanzar un acuerdo con la extrema derecha para acceder al poder y sostiene que ahora vuelve a hacerlo sin mostrar reparos ideológicos. "Moreno Bonilla no tiene ningún problema en cambiar derechos por un sillón", ha afirmado la dirigente socialista, quien acusa al presidente andaluz de sentirse "totalmente cómodo" con ese entendimiento político.

El debate de investidura comenzará este lunes con la intervención de Moreno Bonilla, que presentará su programa de gobierno ante el Parlamento andaluz sin límite de tiempo. El martes tendrá lugar la primera votación, para la que necesita mayoría absoluta.

En caso de no alcanzarla, la Cámara volverá a votar dos días después. Si tampoco prospera esa segunda consulta, el Estatuto de Autonomía abre un plazo de dos meses para intentar nuevas investiduras antes de convocar unas nuevas elecciones. La sesión parlamentaria llega marcada por la incertidumbre sobre el alcance del pacto entre PP y Vox y por el rumbo político de Andalucía.

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