El PSOE-A ha exigido explicaciones “inmediatas” al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al considerar que existen “demasiadas sombras” en torno a la salida del máximo responsable del control económico y financiero de la Administración autonómica, Miguel Ángel Figueroa Teva.

Esto se produce después de conocerse la renuncia de Figueroa, un alto funcionario con una larga trayectoria en la administración andaluza que ocupaba la Intervención General desde 2025. Desde la Consejería de Hacienda insisten en que se trata de una decisión personal y niegan que exista una pérdida de confianza por parte del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la oposición cuestiona la versión oficial y reclama aclaraciones públicas sobre las circunstancias que rodean su marcha.

El PSOE apunta a un posible “ocultamiento”

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y diputado autonómico, Mario Jiménez, ha sido especialmente duro con el Gobierno andaluz. Los socialistas consideran que la Junta no está ofreciendo toda la información sobre el caso y han anunciado la presentación de una solicitud de comparecencia de Carolina España en el Parlamento andaluz.

Según ha señalado Jiménez, se ha conocido que Figueroa llevaba meses solicitando abandonar sus responsabilidades debido a sus vínculos profesionales con personas investigadas judicialmente por su etapa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A juicio del dirigente socialista, resulta necesario esclarecer por qué permaneció en el cargo durante tanto tiempo.

“Ahora es la señora España la que tiene que dar explicaciones”, ha afirmado el socialista, quien ha planteado si el mantenimiento de Figueroa en la Intervención General respondió a un intento de evitar que el asunto trascendiera antes de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.

El PSOE también ha acusado al Gobierno de Moreno de aplicar una doble vara de medir. Los socialistas recuerdan que Carolina España ha exigido explicaciones públicas en repetidas ocasiones sobre nombramientos vinculados a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mientras que ahora, sostienen, guarda silencio sobre quien ha sido uno de los principales responsables de la fiscalización económica de la Junta.

Una dimisión rodeada de polémica

La salida de Miguel Ángel Figueroa llega después de que su nombre apareciera mencionado en documentación relacionada con Leire Díez, en referencia a su etapa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las menciones se remontan al periodo en que Figueroa desempeñó responsabilidades directivas junto a Vicente Fernández, entonces presidente del organismo.

Según distintas informaciones, cuando Fernández fue detenido el pasado diciembre, Figueroa presentó su dimisión ante la Junta. No obstante, desde el Gobierno andaluz sostienen que aquella renuncia fue rechazada y que se le pidió aplazar cualquier decisión hasta después de los comicios autonómicos.

Desde la Consejería de Hacienda subrayan que en ningún momento se produjo una pérdida de confianza en el interventor general y recalcan que no ha sido cesado, sino que ha abandonado el cargo por iniciativa propia. Además, destacan que en los documentos conocidos hasta ahora no se le atribuye ninguna actividad ilícita.

La dimisión será formalizada en el próximo Consejo de Gobierno y, mientras se designa un sustituto definitivo, la Intervención General quedará en manos de un responsable de la propia estructura interna del organismo.

El papel de la Intervención General

La Intervención General es el órgano encargado de supervisar la legalidad y el control financiero de la Junta de Andalucía, una función clave para la gestión de los recursos públicos.

Por lo tanto, Jiménez ha acusado a Figueroa de haber mantenido una “persecución” contra interventores y funcionarios que cuestionaron determinadas decisiones económicas del Ejecutivo andaluz, especialmente en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los socialistas consideran que la comparecencia de Carolina España debe servir para aclarar tanto las razones reales de la dimisión como la gestión desarrollada por Figueroa durante los últimos años al frente del órgano fiscalizador.

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