El PSOE de Andalucía ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral de Andalucía por la aparición de carteles anónimos y mensajes dirigidos contra dirigentes socialistas en varias provincias andaluzas durante la campaña electoral del 17M. La formación considera que detrás de esta acción existe una estrategia “coordinada” de “propaganda política encubierta” destinada a desmovilizar al electorado progresista en los días previos a las elecciones autonómicas.
La denuncia, registrada este jueves y firmada por el representante general del PSOE-A, Francisco Rodríguez García, solicita la retirada inmediata de la cartelería distribuida en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, así como la apertura de una investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales de la campaña.
Entre los mensajes aparecidos en calles y mobiliario urbano destacan lemas como “Que te voten en Sevilla”, “Sin Ambrosio no vamos”, “Que vuelva Susana” o “Sin Juanfran no vamos”, acompañados de imágenes y referencias a dirigentes socialistas andaluces. Según recoge el escrito, todos los carteles presentan una estética similar, con idénticos códigos gráficos, tipografías y ausencia total de identificación sobre su autoría o financiación.
“Propaganda negra” y “manipulación electoral”
En el documento remitido a la Junta Electoral, el PSOE-A sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una operación organizada “a escala autonómica” con el objetivo de “erosionar artificialmente la imagen pública de la candidatura socialista” y alterar “emocionalmente” la percepción del electorado a escasas horas de la cita con las urnas.
Los socialistas califican la campaña como una modalidad de “propaganda negra”, al considerar que utiliza mensajes diseñados específicamente para generar rechazo interno y desmovilización entre votantes progresistas. El escrito insiste en que la ocultación de la autoría no es “un defecto accesorio”, sino el “núcleo esencial” de la estrategia.
Además, la denuncia sostiene que la magnitud territorial de la campaña y su despliegue simultáneo hacen “materialmente imposible” que se trate de una acción espontánea. Por ello, el PSOE solicita que se investigue la posible existencia de financiación opaca, contratación profesional de diseño e impresión y coordinación logística entre distintas provincias andaluzas.
El partido también reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad analicen grabaciones de cámaras públicas y privadas para identificar a las personas implicadas en la colocación de la cartelería.
Contexto de tensión electoral
La denuncia llega en plena recta final de una campaña marcada por la fuerte polarización entre PSOE y PP. En los últimos días, dirigentes socialistas ya habían acusado al entorno del presidente andaluz, Moreno Bonilla, de impulsar estrategias de “juego sucio” orientadas a desmovilizar al electorado de izquierdas.
Asimismo, desde el PSOE-A consideran que los mensajes aparecidos buscan trasladar la imagen de una supuesta fractura interna en el socialismo andaluz y generar abstención entre antiguos votantes progresistas.
La formación liderada por María Jesús Montero evita señalar directamente al PP como autor material de la campaña, aunque sí enmarca los hechos dentro de un “clima de intoxicación política” que, según denuncian, se ha intensificado durante las últimas semanas.
En el escrito presentado ante la Junta Electoral, el PSOE-A hace referencia además a precedentes de campañas similares basadas en perfiles falsos, mensajes anónimos y supuestas operaciones de desinformación dirigidas contra el electorado progresista. El documento recuerda incluso que algunas de esas actuaciones fueron objeto de litigios judiciales y de investigaciones periodísticas en años anteriores.
Petición de traslado al Ministerio Fiscal
Entre las medidas solicitadas por los socialistas se incluye el traslado del caso al Ministerio Fiscal para que estudie si pueden existir delitos relacionados con financiación irregular, propaganda encubierta o alteración fraudulenta de la voluntad del electorado.
Así, el PSOE-A sostiene que los hechos podrían vulnerar los principios de “transparencia, objetividad e igualdad” recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), además de afectar al derecho constitucional de participación política “en condiciones de libertad”. La denuncia pide también que se incorporen al expediente futuras pruebas gráficas, publicaciones en redes sociales y contenidos digitales relacionados con la campaña anónima, al considerar que se trata de una operación “dinámica y expansiva”.
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