No habrá suspensión de condena. Una vez ratificada por la Audiencia de Málaga la sentencia a tres años y nueve meses de prisión por el sacrificio "masivo" de perros y gatos, el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha acordado la inminente entrada en prisión de la expresidenta del refugio Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín.
Condenada también a pagar 24.200 euros de multa, Marín tiene ahora un plazo "improrrogable" de cinco días para entrar en la cárcel, rechazando la suspensión de la pena. Tras las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, el juzgado entiende que debía "acordar el inmediato ingreso en prisión".
En el proceso se había personado como acusación particular la protectora El Refugio, cuyo presidente, Nacho Paunero, se felicitaba ayer de que fuera la primera vez que un maltratador de animales entraba en la cárcel en nuestro país.
Sesiones de exterminio
Bajo la dirección de Marín, condenada por los delitos de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional, la protectora de Marbella sacrificó con "auténticas sesiones de exterminio" centenares de animales, a los que suministraba menos producto eutanásico y de forma no profesional, lo que les provocaba una lenta y dolorosa agonía.
Desde principios de 2008 hasta octubre de 2010, estuvieron sacrificando animales domésticos "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Consideró el fiscal durante el proceso que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" de un empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Sin control veterinario
Los "sacrificios masivos" se hacían, "sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte", con el objeto, "de ahorrar costes" y dedicar las instalaciones "con preferencia a los fines privados (de pago)", según el relato del Ministerio Público que la sentencia ha confirmado.
Se inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa (…) de esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas".
Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados "carecían" en aquel momento la titulación necesaria. Además, la condenada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines".
